El oficialismo busca avanzar este miércoles con el proyecto impulsado por Javier Milei y Luis Caputo para autorizar el pago a acreedores con fallo en EE.UU. El objetivo es cerrar el acuerdo antes del 30 de abril y evitar mayores costos judiciales.
La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, será tratada desde las 15 en un plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda.
El encuentro estará encabezado por el senador libertario Bartolomé Abdala, titular de la comisión de Economía, junto a Agustín Monteverde, presidente de Presupuesto. El oficialismo apunta a acelerar el trámite legislativo para llevar el proyecto al recinto en la primera semana de mayo.
La urgencia responde a que los acuerdos alcanzados con los acreedores tienen como fecha límite el 30 de abril. Según advirtió el Gobierno, si no se aprueba la ley antes de ese plazo, las negociaciones podrían caerse y obligar al país a retomar litigios en condiciones financieras más desfavorables.
El proyecto autoriza el pago de acuerdos de conciliación con los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP, bonistas que iniciaron demandas tras el default de 2001 y que no ingresaron al canje de deuda de 2016 durante la gestión de Mauricio Macri.
De acuerdo con el Ejecutivo, el entendimiento permitirá cerrar múltiples causas judiciales abiertas en Nueva York, incluyendo demandas relevantes que mantenían presión sobre activos argentinos en el exterior.
En términos financieros, el Gobierno sostiene que el acuerdo contempla una quita superior al 30% sobre los montos reclamados, lo que permitiría cancelar pasivos en condiciones más favorables que las derivadas de una eventual ejecución judicial, evitando además el pago de intereses punitorios.
El esquema prevé un desembolso total de US$171 millones, de los cuales US$67 millones corresponden a Bainbridge Ltd. y US$104 millones al grupo encabezado por Attestor. El pago se realizará de manera simultánea a la acreditación de los bonos, garantizando la cancelación definitiva de las obligaciones.
Desde el oficialismo destacan que la aprobación de la ley no solo permitirá cerrar un frente judicial de larga data, sino también reducir riesgos sobre activos del país y mejorar el perfil financiero de la Argentina en los mercados internacionales.
