El paso del Ejecutivo progresista encabezado por el socialista Pedro Sánchez llega casi un año después de que el Tribunal Supremo español sentenció a los políticos secesionistas, nueve de los cuales cumplen condenas de entre 9 y 13 años de prisión.

A pesar de que se trata sólo del inicio del trámite, que no garantiza su concesión, el mero anuncio provocó una dura respuesta y el rechazo frontal del opositor Partido Popular (PP), de los liberales de Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox, quienes advirtieron que recurrirán a la Justicia en caso de que la medida de gracia se concrete.

Los partidos independentistas catalanes se mostraron escépticos, conscientes del momento político del Gobierno, que busca un clima favorable para negociar el presupuesto nacional y requiere la ayuda de la bancada de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), el partido del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, informó sobre el inicio del trámite para conceder los indultos durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde también ratificó los planes de reformar los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal, otro cambio que beneficiaría a los independentistas condenados.

"Estamos tramitando los indultos, esos que a usted tanto le preocupan porque les tocan, se empezarán a tramitar la semana que viene", dijo el ministro a la diputada Laura Borràs, vocera del partido independentista Junts Per Catalunya (JxC).

El anuncio causó "sorpresa" a Borràs, quien admitió que la medida de gracia supondría poner fin a una "injusticia", aunque también recordó que los independentistas piden una "solución política" que estaría "más cerca de la amnistía que del indulto".

Los independentistas rechazan la opción del indulto porque consideran que para ello deben reconocer haber cometido un delito, y en el caso de la amnistía no.

El indulto se tramita de forma individualizada.

Sin embargo, en enero un abogado catalán presentó la solicitud para pedir la medida de gracia para los 12 condenados, lo que obliga al Gobierno a iniciar el trámite.

Posteriormente se sumaron peticiones de sindicatos, expresidentes del Parlamento catalán y otras organizaciones.

El trámite suele durar más de medio año, y en el plazo influye el tiempo que tardan los informes obligatorios -a la Fiscalía y el Tribunal Supremo-, que no son vinculantes, pero que el Ministerio de Justicia debe recabar para elevar al Consejo de Ministros, que es el que propone la medida al Rey para que tome la decisión final.

La Fiscalía, hasta el momento, se opuso a la semilibertad que habían obtenido los líderes secesionistas presos, que les permitía salir de la cárcel a trabajar.

El PP acusó al Gobierno de coalición progresista de estar "pagando" con "impunidad" el apoyo de ERC a la reelección de Sánchez y a los próximos presupuestos.

"No entiendo, en un país en el que unos señores que dan un golpe a la Constitución, reciban el indulto o, a través de la modificación del delito de sedición, la amnistía de facto por parte del Gobierno de la nación", afirmó el líder del PP, Pablo Casado.

"Presupuestos a cambio de indultar criminales. Son la mafia", escribió en Twitter Santiago Abascal, líder de Vox.

Sin embargo, la vocera de ERC, Marta Vilalta, subrayó que no ve ningún "gesto", debido a que el Ministerio de Justicia está obligado a realizar el trámite por ley.

"La solución democrática al conflicto catalán pasa por la amnistía y autodeterminación", subrayó Vilalta en declaraciones a la prensa a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde hoy había sido citado a declarar el presidente catalán, Quim Torra, por una segunda causa de desobediencia.

Torra, quien en los próximas días podría ser inhabilitado por otra causa de desobediencia -por no haber retirado pancartas a favor de los líderes independentistas del balcón del Palacio de Gobierno al inicio de una campaña electoral-, estuvo apenas unos minutos en el tribunal debido a que se acogió a su derecho a no declarar argumentando que la "sentencia ya está escrita", según explicó.

La eventual inhabilitación de Torra amenaza con volver a convulsionar a Cataluña a menos de un mes del primer aniversario de la sentencia condenatoria del Supremo contra los líderes del proceso de secesión catalán, que desencadenó una ola de protestas y actos violentos.