El Gobierno elevó del 30% al 35% el umbral para calificar inversiones de largo plazo dentro del RIGI. La medida busca adaptar el régimen a proyectos con recuperación más rápida, como los hidrocarburíferos, sin perder el objetivo de atraer capital sostenido.
Según explicó el Ejecutivo, el cambio apunta a mantener el objetivo del régimen: otorgar beneficios y estabilidad únicamente a proyectos de larga maduración, pero contemplando nuevas dinámicas de inversión en sectores estratégicos.
Hasta ahora, la normativa establecía que un proyecto calificaba como de largo plazo si el cociente entre el flujo neto de caja esperado y la inversión de capital durante los primeros tres años no superaba el 30%. Con la nueva resolución, ese límite se amplía al 35% para todos los sectores.
El detonante de la modificación fue la incorporación de nuevos desarrollos de hidrocarburos costa adentro al RIGI, formalizada previamente por el Decreto 105/2026. De acuerdo con informes técnicos de la Secretaría de Energía, este tipo de proyectos presenta una recuperación de inversión más acelerada en los primeros años, aunque requiere reinversiones constantes para sostener la producción a largo plazo.
Con el nuevo umbral, el Gobierno busca evitar que estos proyectos queden excluidos del régimen por su dinámica financiera inicial, garantizando su acceso a beneficios de estabilidad.
La decisión fue respaldada por distintos organismos técnicos. Desde la Secretaría de Minería consideraron que el cambio es “técnica y económicamente razonable”, mientras que desde el área industrial señalaron que la modificación resulta neutral para sectores como el siderúrgico.
En tanto, el sector tecnológico valoró la medida al entender que reconoce las particularidades de las inversiones en infraestructura avanzada, caracterizadas por ciclos de innovación rápidos y necesidades constantes de reinversión.
El esquema del RIGI se basa en una fórmula que mide la velocidad de recuperación de la inversión durante los primeros 36 meses. Si un proyecto genera ingresos netos demasiado rápido en relación con el capital invertido —superando ahora el 35%—, deja de ser considerado de larga maduración y, por lo tanto, no accede a los beneficios del régimen.
Con esta flexibilización, el Ministerio de Economía busca mejorar la eficacia del instrumento y atraer un mayor flujo de inversiones, especialmente en sectores que demandan capital intensivo y compromiso sostenido en el tiempo.
