La decisión representa un freno a un entendimiento alcanzado en 2025, que contemplaba la restitución del territorio a Mauricio, aunque con la continuidad del control militar británico-estadounidense sobre la estratégica base de Diego García por al menos 99 años.

El acuerdo respondía, en parte, a una recomendación emitida en 2019 por la Corte Internacional de Justicia, que cuestionó la soberanía británica sobre el archipiélago tras su separación de Mauricio durante el proceso de descolonización.

Sin embargo, el respaldo de Washington resultaba clave para avanzar. Si bien inicialmente Trump había apoyado la iniciativa, en los últimos meses la calificó de “estupidez”, lo que generó un punto de fricción entre ambas potencias y terminó por congelar el proceso.

Desde el entorno del primer ministro británico, Keir Starmer, señalaron que la prioridad sigue siendo garantizar la operatividad de la base de Diego García. “Siempre dijimos que avanzaríamos solo si contábamos con el apoyo de Estados Unidos”, indicaron fuentes oficiales.

La importancia estratégica de Diego García se vio reforzada en el actual contexto internacional, ya que se trata de una instalación clave para operaciones militares en Medio Oriente. La base fue utilizada en conflictos como las guerras de Irak y Afganistán, y recientemente en acciones vinculadas a la tensión con Irán.

El gobierno británico sostiene que un acuerdo con Mauricio permitiría asegurar el funcionamiento de la base bajo un marco jurídico más sólido, pero la falta de consenso con Estados Unidos complica ese objetivo.

El archipiélago de Chagos permanece bajo control británico desde la década de 1960, cuando Mauricio obtuvo su independencia. En ese proceso, miles de habitantes fueron expulsados, lo que dio lugar a reclamos judiciales que aún continúan.

Con este escenario, la restitución del territorio queda en suspenso, mientras persisten las tensiones geopolíticas y la disputa por uno de los enclaves militares más importantes del océano Índico.