La resolución, firmada por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, ratificó la postura que había impulsado la Casa Rosada y significó un revés para la central sindical, que buscaba que el expediente quedara bajo la órbita del fuero laboral.

El conflicto se había originado tras una disputa de competencia entre juzgados. Por un lado, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se declaró competente para intervenir en la causa, mientras que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó ese criterio e intentó derivar el expediente a la Cámara del Trabajo.

Frente a esta controversia, la Cámara resolvió asumir la intervención y definió que el caso debe continuar en el fuero contencioso administrativo federal, en línea con lo establecido por la ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

En su fallo, los magistrados cuestionaron el procedimiento adoptado por el juzgado laboral, al considerar que se apartó de las reglas previstas para este tipo de planteos y generó un conflicto que atenta contra la celeridad del proceso judicial.

Asimismo, sostuvieron que la causa excede el ámbito estrictamente laboral, ya que involucra cuestiones federales relevantes, como la validez de una ley sancionada por el Congreso y la definición de competencias judiciales, lo que justifica su tratamiento en el fuero contencioso administrativo.

Para la CGT, la decisión implica un escenario menos favorable, dado que consideran que ese fuero podría inclinarse por convalidar la normativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, cuya constitucionalidad fue cuestionada mediante una medida cautelar.

De todos modos, tanto el oficialismo como la central obrera coinciden en que el caso tendrá un largo recorrido judicial y que la definición final quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia.