El Gobierno nacional presentó un proyecto para modificar el régimen de pensiones por invalidez, con el objetivo de unificar criterios, reforzar controles y establecer un esquema estructural que reemplace la actual ley de emergencia.
La iniciativa, impulsada desde el área que conduce el ministro de Salud Mario Lugones, busca corregir distorsiones estructurales generadas por la normativa vigente, que había sido concebida como una herramienta de emergencia. Según el Gobierno, el sistema actual presenta superposiciones y debilidades en los mecanismos de control que facilitaron irregularidades.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de la dualidad entre invalidez laboral y discapacidad. El nuevo esquema propone una única pensión por invalidez laboral, basada en la imposibilidad de trabajar y en condiciones de vulnerabilidad económica verificables, con el objetivo de ordenar criterios y evitar interpretaciones ambiguas.
En paralelo, el proyecto introduce un sistema de control continuo más riguroso. Entre las herramientas previstas se incluyen auditorías periódicas a prestadores, cruces de información entre organismos como Administración Nacional de la Seguridad Social, ARCA y SINTyS, además de un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios. También se contemplan suspensiones preventivas en casos bajo revisión.
En materia de financiamiento, la propuesta establece partidas presupuestarias específicas, con recursos provenientes del Ministerio de Salud y, en caso de ser necesario, del Tesoro Nacional. Este punto marca una diferencia con la ley actual, que no explicitaba de manera clara su impacto fiscal.
Otro aspecto relevante es la modificación del nomenclador. En lugar de fijar aranceles, el nuevo esquema garantizará un piso mínimo de prestaciones basado en estándares de calidad, oportunidad y adecuación. Los valores serán definidos mediante acuerdos entre financiadores y prestadores, mientras que en el ámbito estatal serán determinados de manera trimestral por la SENADIS.
La iniciativa también apunta a una mayor federalización del sistema, habilitando la participación de las provincias mediante convenios y asignación de recursos según competencias, con el objetivo de reducir la centralización en la órbita nacional.
De aprobarse, el proyecto reemplazará el carácter excepcional de la Ley 27.793 por un marco normativo permanente, en línea con la intención oficial de establecer reglas más claras y sostenibles para el otorgamiento de pensiones por invalidez en todo el país.
