El tribunal confirmó además el embargo por $350 millones sobre sus bienes, medida que había sido dispuesta en primera instancia por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.

Los camaristas Juan Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán también ratificaron el procesamiento de Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, y el embargo de sus bienes por $300 millones.

La causa federal por lavado de activos se suma a otra investigación que tramita en la Justicia provincial, donde D’Onofrio enfrenta imputaciones por asociación ilícita, fraude y malversación de fondos.

La investigación se inició en septiembre de 2024 a partir de una denuncia que señalaba al exfuncionario como presunto líder de una estructura destinada a apropiarse de fondos provenientes del cobro de multas de tránsito. Según fuentes judiciales, la organización contaba con “división de funciones y claro establecimiento de jerarquías”.

De acuerdo con la pesquisa, los fondos obtenidos de manera ilegal habrían sido utilizados para la adquisición de inmuebles y otros bienes, mediante el uso de presuntos testaferros para otorgar apariencia de legalidad a las operaciones.

Una de las maniobras detectadas que impulsó la causa estuvo relacionada con la compra de una camioneta Audi Q8. El vehículo figuraba a nombre de Asensio, aunque D’Onofrio aparecía como autorizado a utilizarlo y estaba vinculado al cobro del sistema de peaje electrónico Telepase asociado al rodado.

D’Onofrio había renunciado al gabinete provincial que encabeza Axel Kicillof poco después de que se hiciera pública la primera denuncia en su contra.