La investigación legislativa por la instalación del radar de la empresa LeoLabs en Tolhuin, Tierra del Fuego, sumó un nuevo capítulo con una inspección que no logró acceder al recinto donde está ubicado el equipamiento. La comisión especial recorrió el martes 10 de noviembre la estancia El Relincho, aunque la comitiva quedó fuera del sector cercado que contiene el dispositivo.

La diligencia volvió a poner en discusión las condiciones en las que se autorizó la instalación del radar y las responsabilidades de los organismos provinciales que intervinieron en el proceso.

En paralelo, el veterano de la Guerra de Malvinas Daniel Guzmán cuestionó la falta de comparecencias de funcionarios y exfuncionarios ante la comisión investigadora. Según sostuvo, las ausencias dificultan reconstruir las decisiones administrativas y políticas que permitieron el emplazamiento del sistema.

Guzmán apuntó contra el Ejecutivo provincial encabezado por Gustavo Melella y consideró que existen obstáculos para avanzar con la investigación.

Cuestionamientos por la ausencia de funcionarios

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con la falta de testimonios de responsables de las áreas que participaron en las autorizaciones del proyecto.

Guzmán mencionó, entre otros, al ministro Francisco Devita, a exautoridades de Energía, funcionarios de Ambiente y representantes de la Inspección General de Justicia.

También cuestionó la respuesta de la exministra Sonia Castiglione, quien habría propuesto responder las consultas de la comisión por escrito.

El representante de los veteranos objetó esa modalidad porque, según explicó, impide realizar repreguntas y profundizar sobre aspectos que puedan surgir durante una declaración presencial.

Sus críticas se inscriben en el reclamo por conocer cómo se tramitaron las autorizaciones y qué controles se realizaron antes y después de la instalación del radar.

Los controles no detectaron suministro eléctrico

Otro de los puntos centrales de la inspección estuvo relacionado con el abastecimiento energético del equipamiento.

De acuerdo con la información difundida por la Legislatura, durante los controles realizados en las inmediaciones del radar no se detectó suministro eléctrico.

En las verificaciones participaron personal del área de Energía de Tolhuin y el ingeniero electrónico Carlos Pane, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

Guzmán coincidió en que las comprobaciones preliminares no habían encontrado indicios de una alimentación eléctrica clandestina.

Sin embargo, este resultado corresponde a una constatación exterior y no representa una evaluación integral del funcionamiento del dispositivo ni permite establecer por sí solo todas las condiciones técnicas de su operación.

Una inspección sin acceso al recinto del radar

La recorrida se realizó en el marco de una inspección ambiental provincial y contó con la participación de los legisladores Pablo Villegas, Natalia Gracianía y Gisela Dos Santos, además de representantes de organizaciones de veteranos de guerra.

Uno de los principales límites de la diligencia fue que la comitiva pudo ingresar a la estancia El Relincho, pero no al predio cercado donde se encuentra instalado el radar.

La imposibilidad de acceder directamente al equipamiento dejó pendientes verificaciones sobre el interior del recinto y sus condiciones de funcionamiento.

Por su parte, el legislador Pablo Villegas también lamentó la falta de testimonios de exfuncionarios y vinculó la investigación con las autorizaciones provinciales en materia energética y ambiental que hicieron posible la instalación.

De esta manera, la investigación sobre el radar de LeoLabs continúa atravesada por cuestionamientos políticos, pedidos de explicaciones y limitaciones para acceder a información técnica y administrativa. La falta de declaraciones presenciales y el acceso restringido al sector donde está instalado el equipo mantienen abiertos interrogantes sobre las condiciones en las que se autorizó su funcionamiento en Tierra del Fuego.