El relevamiento contabiliza 34 tributos de alcance nacional, provincial y municipal, además de 28 regímenes de retención, percepción e información. El conjunto de estas obligaciones representa una carga económica y administrativa para las empresas, que deben destinar recursos al cumplimiento de las normas fiscales de distintas jurisdicciones.

Cómo se distribuyen los 34 tributos

Del total de tributos identificados, 16 corresponden al ámbito nacional. Entre ellos figuran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias para sociedades, el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios —conocido como impuesto al cheque—, los derechos de importación y exportación y las contribuciones patronales.

A nivel provincial, el estudio contabilizó ocho tributos. El principal es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), seguido por el Impuesto Inmobiliario provincial, el Impuesto a los Automotores y el Impuesto de Sellos.

En el ámbito municipal se identificaron otros 10 tributos, entre los que se destacan la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), los derechos de Publicidad y Propaganda y distintas tasas vinculadas con inmuebles y vehículos.

De esta manera, el informe expone la diversidad de obligaciones que puede enfrentar una empresa que opera simultáneamente en los tres niveles de gobierno.

Menos impuestos y regímenes que en 2025

La cantidad de tributos contabilizados descendió de 37 a 34 respecto del relevamiento anterior. Según el informe, la reducción respondió a la eliminación de los impuestos internos que gravaban los seguros y la telefonía celular, además de un cambio metodológico que excluyó la tasa por ocupación de espacios públicos, por corresponder a actividades específicas.

También disminuyó la cantidad de regímenes de retención, percepción e información, que pasó de 30 a 28.

Sin embargo, el estudio aclaró que solo una de esas modificaciones implicó una reducción efectiva de alcance generalizado: la eliminación del régimen relacionado con el Impuesto PAIS. El otro cambio correspondió a la baja de un régimen específico del sector de escribanías.

Por eso, la reducción en el número de obligaciones no necesariamente representa un alivio proporcional para todas las empresas.

El costo administrativo y los saldos a favor

El informe del IARAF y la CAC identificó dos problemas centrales asociados con los regímenes de retención, percepción e información.

El primero es el costo administrativo. Las empresas deben destinar personal, tiempo y recursos operativos a realizar presentaciones periódicas, controlar retenciones y cumplir con distintos procedimientos formales. Los incumplimientos pueden derivar en sanciones y multas.

El segundo problema es la acumulación de saldos a favor. La multiplicación de retenciones y percepciones puede generar créditos fiscales que las empresas no logran recuperar de manera inmediata.

Cuando los procedimientos de devolución se prolongan, esos fondos quedan inmovilizados y dejan de estar disponibles para financiar capital de trabajo, pagar proveedores, afrontar salarios o invertir en la actividad productiva.

Según el análisis, esta situación puede convertirse en un costo adicional para las compañías, ya que la demora en recuperar los recursos afecta su liquidez y puede incrementar la carga económica efectiva del sistema tributario.

La PyME utilizada como modelo del estudio

Para elaborar el relevamiento, los investigadores definieron una empresa representativa constituida como sociedad de responsabilidad limitada (SRL).

El modelo contempla una firma con establecimiento propio, empleados en relación de dependencia, flota de vehículos y equipamiento tecnológico. Además, opera con cuentas bancarias, importa insumos y exporta parte de su producción.

El cálculo también considera los impuestos directos e indirectos incorporados en las facturas de servicios esenciales, como electricidad, gas natural, agua, telefonía celular e internet.

Esta metodología permite dimensionar la diversidad de obligaciones que puede afrontar una PyME con una estructura operativa amplia y actividad comercial vinculada con los mercados externos.

En este contexto, el relevamiento vuelve a poner en discusión no solo la cantidad de tributos que recaen sobre las empresas, sino también la complejidad de los procedimientos necesarios para cumplirlos y recuperar los fondos retenidos.