El Gobierno nacional estableció los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados en participar de las subastas públicas destinadas a la privatización de empresas estatales. La medida fue oficializada mediante la Disposición 52/2026 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), publicada este 29 de julio en el Boletín Oficial, y apunta a agilizar los procesos de venta de activos públicos previstos en la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado.
La disposición busca dar operatividad al proceso de privatización de compañías de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional, entre las que se encuentran Corredores Viales, Belgrano Cargas y AySA, entre otras firmas incluidas en el programa de reforma estatal impulsado por el Gobierno.
Los requisitos para participar
Para intervenir en las futuras subastas, los interesados deberán completar una serie de pasos administrativos.
En primer lugar, tendrán que inscribirse en el módulo “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696” disponible en la plataforma CONTRAT.AR. Posteriormente, deberán validarse como oferentes dentro del sistema SUBAST.AR.
La reglamentación también establece que el usuario designado como “Administrador Legitimado” deberá ser el mismo en todos los sistemas vinculados al Estado, incluyendo SUBAST.AR, COMPR.AR y CONTRAT.AR.
Beneficios para usuarios ya registrados
La ONC dispuso mecanismos para simplificar el acceso de quienes ya operan con la administración pública.
Los usuarios que ya se encuentren registrados en el módulo de privatizaciones de CONTRAT.AR no deberán realizar nuevamente el trámite de inscripción. Asimismo, los concesionarios inscriptos bajo la Ley 17.520 quedarán habilitados automáticamente para participar de los procesos.
Por otra parte, los proveedores incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que ya cuenten con validación en el módulo de privatizaciones estarán exentos de registrarse nuevamente como oferentes en SUBAST.AR.
Un paso clave para el plan de venta de activos
La disposición, firmada por la titular de la Oficina Nacional de Contrataciones, Agostina Brichetti, entrará en vigencia el 30 de julio y busca centralizar y transparentar los procedimientos de privatización mediante plataformas digitales unificadas.
La medida representa un nuevo avance en la implementación del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno nacional, que prevé la incorporación de capital privado en distintas empresas y activos estatales contemplados por la legislación vigente.
