Los secretarios de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y de Desregulación, Alejandro Cacace, destacaron la reducción de organismos y personal, los cambios regulatorios y las iniciativas que, según sostuvieron, buscan mejorar la eficiencia estatal y ampliar la integración comercial de la Argentina.

La presentación se realizó ante la comisión que preside el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, mientras el oficialismo avanza en la búsqueda de un dictamen para el proyecto presupuestario.

El Gobierno destacó la eliminación de ministerios y 81.000 puestos estatales

Fariña puso el foco en la reorganización de la estructura estatal y señaló que el número de ministerios pasó de 18 en diciembre de 2023 a ocho en la actualidad.

"No solamente estamos teniendo un Estado más chico, sino que también estamos redefiniendo su rol y su funcionamiento", afirmó el funcionario.

También destacó que la reducción de la planta estatal alcanzó los 81.000 puestos. Según explicó, el proceso no se limitó a disminuir la cantidad de trabajadores, sino que incluyó una revisión de las funciones de los organismos públicos.

"Si están duplicadas o creemos que deberían desempeñarlas los municipios o el sector privado, las eliminamos", sostuvo.

El secretario rechazó que el ahorro derivado de la reducción del Estado sea transitorio y aseguró que no se crearon nuevos puestos para reemplazar los eliminados.

Retiros voluntarios: habrá una nueva convocatoria en noviembre

Entre los mecanismos utilizados para reducir la dotación de personal, Fariña mencionó el régimen de disponibilidad previsto en la Ley de Empleo Público, que, según indicó, no se había utilizado durante dos décadas.

Explicó que ese instrumento se aplica cuando existen áreas duplicadas, personal considerado excedente o sectores que dejan de funcionar.

El funcionario también informó que más de 5.254 personas se adhirieron a los retiros voluntarios y anunció que se abrirá una nueva convocatoria entre el 1.º y el 30 de noviembre para trabajadores de la Administración Pública Nacional.

Como ejemplo de la reorganización, Fariña mencionó que Vialidad Nacional tenía 1.543 cargos jerárquicos para una planta de 5.300 empleados. También cuestionó la existencia de estructuras similares en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Cacace defendió las reformas y la apertura comercial

Por su parte, Alejandro Cacace vinculó la transformación del Estado con la Ley Bases y las reformas impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

"La transformación y la desregulación del Estado figuran entre los ejes centrales de la política del Presupuesto, porque, en definitiva, son claves para el programa económico que ha impulsado el presidente Milei", afirmó.

El funcionario definió a su cartera como una de las jurisdicciones más pequeñas del Estado, pero sostuvo que su relevancia debe medirse por los ahorros que genera.

Entre los cambios que destacó mencionó la eliminación del denominado barril criollo, que permitía comercializar petróleo en el mercado interno a un precio diferente del de exportación. Según su evaluación, la modificación contribuyó a mejorar las condiciones para el desarrollo de las exportaciones energéticas.

Cacace pronosticó que, en diez años, la Argentina podría alcanzar niveles de exportación de petróleo y combustibles comparables con los del sector agropecuario.

También resaltó la apertura del mercado de internet satelital, que, de acuerdo con las cifras que presentó, cuenta con más de 750.000 accesos, además de los cambios en materia de propiedad intelectual y las iniciativas vinculadas con la modernización laboral y la desregulación.

Acuerdos comerciales y proyectos pendientes en el Congreso

Cacace sostuvo que los acuerdos comerciales con la Unión Europea, Singapur y otros mercados permitirían ampliar la integración internacional de la Argentina.

Según indicó, el país podría pasar de mantener relaciones comerciales con economías que representan el 10% del PBI mundial a vincularse con mercados que concentran alrededor del 50%.

El secretario también enumeró una serie de proyectos que todavía requieren avances legislativos. Entre ellos mencionó iniciativas sobre patentes y la Ley Hojarasca, que ubicó en el Senado, y una propuesta vinculada con la Carta Orgánica del Banco Central, en Diputados. Además, señaló que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada espera tratamiento en la Cámara alta.

En materia de comercio y logística, destacó dos proyectos vinculados con el mercado de carbono, presentados por las senadoras Flavia Royon y Sonia Rojas Decut, y estimó que ese segmento podría generar hasta US$ 3.900 millones en exportaciones.

También defendió la iniciativa de la Ley de Cabotaje, al considerar que el transporte de mercaderías por barcazas en la Hidrovía podría reducir en un tercio los costos logísticos para las provincias del litoral.

La oposición cuestionó el impacto social y productivo del ajuste

Las exposiciones del oficialismo recibieron críticas de legisladoras de Unión por la Patria. Victoria Tolosa Paz cuestionó el enfoque de las desregulaciones y sostuvo que la eficiencia estatal debe traducirse en mejores condiciones de vida para la ciudadanía.

"Yo creo en un Estado que construya eficiencia pero para devolverle a la ciudadanía mejores condiciones de vida", planteó. Además, cuestionó el impacto que, a su entender, algunas medidas podrían tener sobre los trabajadores y la actividad productiva.

La diputada también acusó al Gobierno de debilitar las capacidades industriales del país y responsabilizó a la gestión de Milei por el deterioro de distintos sectores económicos.

Por su parte, Sabrina Selva cuestionó la propuesta de impulsar el transporte fluvial en un contexto de falta de inversiones en rutas nacionales. La legisladora sostuvo que los problemas de infraestructura y regulación afectan tanto la seguridad vial como el funcionamiento de la logística.

De esta manera, el debate del Presupuesto 2027 volvió a exponer las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el papel del Estado, el alcance de las reformas estructurales y las consecuencias económicas y sociales del ajuste.