La demanda, impulsada por las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., incluye un pedido de medida cautelar urgente para que las cronistas Liliana Franco y Cecilia Camarano puedan retomar de inmediato sus tareas habituales en la sede del Poder Ejecutivo.

El planteo judicial surge tras la decisión del Gobierno de restringir el ingreso de la prensa acreditada, medida que fue aplicada sin previo aviso y que dejó sin acceso a cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos que cubren diariamente la actividad oficial en Balcarce 50.

Según argumentó el Ejecutivo, la medida responde a razones de seguridad nacional vinculadas a una denuncia por presunto espionaje ilegal. El caso involucra a periodistas de un canal de noticias que habrían registrado imágenes de sectores internos sin autorización, lo que derivó en una revisión general de los sistemas de seguridad.

Sin embargo, desde Ámbito sostienen que la decisión resulta desproporcionada, ya que extiende una sanción de carácter general a toda la prensa acreditada, incluso a quienes no tienen relación con el hecho investigado. En ese sentido, el amparo apunta a que se están vulnerando derechos constitucionales fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

El escrito judicial solicita que se levante de manera inmediata la restricción mientras se analiza el fondo de la cuestión, al considerar que el impedimento de ingreso afecta el normal ejercicio de la actividad periodística y limita el acceso a una fuente clave de información institucional.

El caso se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y distintos sectores del periodismo. En las últimas semanas, se registraron cuestionamientos oficiales a medios y periodistas, así como revisiones de acreditaciones, lo que generó preocupación en el ámbito de la prensa.

Además del amparo presentado por Ámbito, otros medios y organizaciones periodísticas analizan impulsar medidas similares, mientras que desde la oposición ya reclamaron explicaciones formales y evalúan llevar el tema al Congreso.

Por su parte, desde el entorno del Gobierno insisten en que se trata de una medida transitoria vinculada exclusivamente a cuestiones de seguridad, y niegan que exista una intención de restringir la libertad de prensa. No obstante, la falta de plazos claros para normalizar el acceso aceleró la judicialización del conflicto.

Ahora será la Justicia la que deberá definir si la restricción impuesta constituye una limitación ilegítima de derechos constitucionales y si corresponde ordenar la reapertura del acceso a la Casa Rosada para los periodistas acreditados.