La defensa de un imputado solicitó que la Justicia cite a declarar al ex funcionario de la Corte Suprema tras ser mencionado por un arrepentido en una investigación por presuntas maniobras de extorsión y coimas.
El planteo fue presentado por la defensa del operador judicial Santiago Busaniche en el marco del expediente “Bailaque Marcelo Martín y otros”, luego de que el nombre de Marchi surgiera en la declaración de un arrepentido.
Además de la citación a indagatoria, los abogados solicitaron el secuestro del teléfono del ex funcionario y que se lo releve del juramento de decir verdad, ante la posibilidad de que su testimonio implique una autoincriminación.
El pedido también alcanza a familiares y ex colaboradores. En particular, se requirió la citación de la hermana de Marchi y de todas las personas que trabajaron con él en la Corte Suprema desde 2019, incluyendo secretarios, asistentes y asesores. Para ello, se solicitó al máximo tribunal el detalle de esos vínculos laborales.
En paralelo, la defensa pidió medidas para avanzar sobre el patrimonio del ex administrador, con requerimientos a la Unidad de Información Financiera para conocer sus inversiones, así como el detalle de sus líneas telefónicas y comunicaciones en los últimos años.
La mención de Marchi en la causa surge a partir del testimonio del ex titular de la AFIP en Santa Fe, Carlos Vaudagna, quien lo habría identificado como “el colorado” en conversaciones mantenidas con Busaniche, registradas en audios incorporados al expediente.
La investigación tiene como principal acusado al ex juez federal Marcelo Bailaque, para quien los fiscales solicitaron una pena de 10 años de prisión por delitos vinculados a corrupción judicial. En tanto, para Busaniche se estima una pena de seis años por su presunta actuación como intermediario.
El expediente también involucra al financista Fernando Whpei y al juez Gastón Salmain, cuyo procesamiento con prisión preventiva fue confirmado recientemente por la Cámara Federal de Rosario en una causa que investiga maniobras de coimas y extorsión.
Con estos nuevos pedidos de prueba, la causa avanza sobre presuntos vínculos entre operadores judiciales, funcionarios y magistrados, en un entramado que busca determinar responsabilidades en una de las investigaciones más sensibles del fuero federal en Santa Fe.