De acuerdo a su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario registró el 15 de noviembre de 2024 un préstamo por 100.000 dólares para financiar un departamento ubicado sobre la avenida Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

El financiamiento fue otorgado por dos particulares: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, con un préstamo de 15.000 dólares. En la presentación oficial, Adorni declaró deudas equivalentes en pesos, aunque consignadas en moneda estadounidense.

La fecha de esta operación coincide con otra adquisición patrimonial relevante: la compra de una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, realizada por su esposa, Bettina Angeletti.

Uno de los aspectos que despertó mayor atención es la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien también participó en otras operaciones vinculadas al matrimonio Adorni-Angeletti, incluyendo la compra de una vivienda en 2024 y un departamento en 2025. Según trascendió, la profesional habría registrado varias visitas a Casa Rosada desde que Adorni ocupa cargos en el Gobierno.

La escribana fue citada a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga al jefe de Gabinete en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, se le solicitó la entrega de toda la documentación relacionada con las operaciones inmobiliarias del funcionario para analizar el origen de los fondos, los mecanismos de pago y la legalidad de las transacciones.

El esquema utilizado en esta nueva hipoteca replica el mecanismo aplicado en la compra de otro inmueble en el barrio de Caballito. En ese caso, el departamento —de unos 200 metros cuadrados— fue financiado en gran parte por las anteriores propietarias, quienes le habrían prestado alrededor de 200.000 dólares, lo que representaba cerca del 90% del valor declarado en la escritura.

Este tipo de operaciones, basadas en financiamiento privado directo entre partes, genera interrogantes sobre la transparencia de las transacciones y su correspondencia con los valores de mercado, en medio de una investigación judicial que busca determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial del funcionario.

La causa sigue en curso y podría arrojar nuevas definiciones en los próximos días, en función de la documentación que aporte la escribana y del avance de la investigación encabezada por la fiscalía.