Durante septiembre, el Ejecutivo anunció procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas, según el Gobierno, con actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas. El 4 de septiembre se informó el inicio de procedimientos contra 45 personas jurídicas y humanas y, cuatro días después, se comunicó la incorporación de otros 15 sujetos.

La estrategia también avanzó por la vía judicial. El Gobierno anunció denuncias penales contra empresas a las que atribuye actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El paso más reciente fue el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciado oficialmente el 17 de septiembre.

Según la Presidencia, la iniciativa se estructura sobre tres ejes: establecer sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina, generar mecanismos para desalentar esas actividades y dotar al Estado de nuevas herramientas frente a amenazas externas.

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y deberá atravesar ahora el proceso de tratamiento parlamentario. Entre sus aspectos se incluyen medidas vinculadas con las actividades económicas en las Islas y modificaciones relacionadas con defensa y seguridad nacional.

Milei y su posición sobre Malvinas

En sus últimas intervenciones públicas, Milei sostuvo que las medidas sobre Malvinas no responden, según su propia explicación, a una estrategia de coyuntura. En una entrevista difundida esta semana cuestionó las interpretaciones que atribuyen las iniciativas a razones de imagen política.

El Presidente había anunciado el 3 de septiembre, mediante una cadena nacional, nuevas acciones vinculadas con la defensa de la soberanía y los recursos naturales del archipiélago.

El Gobierno también creó mediante el Decreto 983/2026 el Sistema de Articulación de la Política Exterior, dentro de la Cancillería, con el objetivo de coordinar las acciones de los organismos públicos que puedan tener incidencia sobre la política exterior y los intereses internacionales argentinos, incluyendo las iniciativas relacionadas con Malvinas.

Una agenda que suma herramientas económicas y diplomáticas

Las medidas adoptadas durante septiembre muestran que la estrategia oficial combina acciones administrativas, denuncias judiciales, coordinación diplomática y un proyecto legislativo.

El Gobierno sostiene que estas iniciativas buscan fortalecer el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes. La Constitución Nacional establece, en su Disposición Transitoria Primera, que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre esos territorios constituye un objetivo permanente e irrenunciable.

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