La ausencia de Defensores del Pueblo en varias provincias y la prolongada vacancia de la Defensoría del Pueblo de la Nación vuelven a poner en debate la calidad institucional y el acceso de los ciudadanos a mecanismos de control y defensa de derechos.

Así lo señala un informe elaborado por la Fundación Éforo, a través de su Observatorio del Control Público, que advierte sobre fuertes desigualdades territoriales en materia de acceso a organismos defensoriales, financiamiento y capacidad de respuesta institucional.

Según el relevamiento, más de 12 millones de argentinos viven actualmente en provincias donde no existe una Defensoría del Pueblo o donde no se identifican recursos presupuestarios destinados a garantizar su funcionamiento.

A nivel nacional, la situación también presenta una anomalía institucional: el Congreso de la Nación no logra designar un Defensor del Pueblo desde hace 17 años, dejando vacante un organismo previsto por la Constitución para proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos o irregularidades de la administración pública.

Seis provincias sin Defensor del Pueblo

El estudio abarcó las 23 provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación.

De acuerdo con los datos relevados, las provincias de Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa no cuentan con la figura institucional del Defensor del Pueblo.

En tanto, en Tierra del Fuego la situación institucional aparece como incierta, según el informe.

La investigación también detectó que siete jurisdicciones carecen de partidas presupuestarias claramente identificables para sostener la función defensorial, una situación que limita la capacidad de actuación de estos organismos y dificulta el acceso de la población a mecanismos de protección de derechos.

Concentración de recursos

Uno de los datos más relevantes del informe es la fuerte concentración presupuestaria.

Las defensorías de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Buenos Aires reúnen cerca del 91% de los recursos destinados a estos organismos a nivel subnacional.

La disparidad también se observa en la asignación de recursos por habitante. Para 2026, la Defensoría del Pueblo de la Nación dispone de una inversión equivalente a apenas 330 pesos por ciudadano, una cifra que, según el estudio, resulta ampliamente inferior a la de varias provincias.

La directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, advirtió que la falta de financiamiento limita seriamente la capacidad de estos organismos para cumplir sus funciones.

"Si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto. Sin recursos no hay defensa posible de los derechos", sostuvo.

Un organismo clave para la defensa ciudadana

Las Defensorías del Pueblo constituyen instituciones fundamentales dentro del sistema democrático argentino.

Su función principal consiste en proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos, omisiones o irregularidades por parte de organismos públicos y, en determinados casos, también ante acciones del sector privado que afecten intereses colectivos.

Entre sus atribuciones se encuentran la recepción de denuncias y reclamos ciudadanos, la promoción de derechos humanos, la evaluación de políticas públicas y la representación colectiva en causas judiciales vinculadas a derechos de usuarios, consumidores y grupos vulnerables.

Además, suelen intervenir en cuestiones relacionadas con servicios públicos, vivienda, educación, salud, acceso a la información, derechos electorales y conflictos de carácter civil o comercial.

Reclamo por mayor institucionalidad

El informe también pone el foco en otros aspectos institucionales. Entre ellos, señala que ninguna de las leyes de creación de las defensorías del país incorpora de manera explícita criterios de paridad o cupo de género para la designación de sus autoridades.

Desde la Fundación Éforo sostienen que fortalecer estas instituciones resulta clave para garantizar una democracia más equitativa y una mejor protección de los derechos ciudadanos.

En ese sentido, advirtieron que la persistencia de vacancias, la falta de financiamiento y las profundas desigualdades entre jurisdicciones generan un acceso desigual a mecanismos esenciales de control público y defensa de derechos, especialmente en las provincias con menor capacidad institucional.