La apelación fue ratificada este 29 de julio por los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes denunciaron “gravísimas violaciones a los derechos y garantías fundamentales” durante el proceso judicial que concluyó con la condena de la ex presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La presentación incluye tres medidas cautelares, entre ellas el pedido para suspender inmediatamente la inhabilitación política, lo que permitiría preservar la posibilidad de una eventual candidatura en 2027 hasta que el comité emita una decisión definitiva.

Qué argumentaron los abogados

Durante una conferencia de prensa, el abogado brasileño Rafael Valim sostuvo que la sentencia vulnera precedentes del propio Comité de Derechos Humanos de la ONU y afirmó que el organismo internacional no admite inhabilitaciones perpetuas de esta naturaleza.

“Esperamos que sea en octubre”, señaló Valim sobre la posibilidad de que el comité trate las medidas cautelares, y remarcó que la defensa actúa “como abogados para defender a una ciudadana que tuvo sus derechos violados”.

Por su parte, el jurista español Javier Borrego aseguró que la sanción principal del fallo fue precisamente la inhabilitación para competir electoralmente y sostuvo que el proceso estuvo “plagado de irregularidades”.

La revisión de la causa Vialidad

La defensa solicitó la revisión integral de la sentencia de la causa Vialidad, el único expediente en el que Cristina Kirchner posee una condena firme.

Según Beraldi, la ex mandataria fue condenada por un decreto de 2009 y no por la administración directa de la Dirección Nacional de Vialidad, por lo que consideró que se le atribuyó un delito que, a su juicio, no podía cometer.

El alcance del reclamo internacional

Los abogados fundamentaron la presentación en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional suscripto por la Argentina.

Valim sostuvo que la intervención del comité no constituye un cuestionamiento al sistema judicial argentino, sino el uso de un mecanismo previsto por el orden jurídico vigente y por los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

La presentación reabre el frente internacional de la estrategia judicial de la ex presidenta y coloca el foco en la posibilidad de que un organismo de Naciones Unidas analice, durante los próximos meses, la validez de la inhabilitación perpetua que le impide competir por cargos públicos.