El Gobierno nacional logró que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concediera un recurso extraordinario presentado en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión judicial suspendió los efectos de una medida cautelar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita un fallo definitivo sobre el caso.
La Cámara aceptó el recurso del Gobierno
El anuncio fue realizado por el Ministerio de Capital Humano a través de un comunicado oficial.
Según informó la cartera, la resolución corresponde a la causa “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN - PEN - DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”, vinculada a la aplicación de la Ley N° 27.775 de Financiamiento Universitario.
El Gobierno había presentado un recurso extraordinario federal contra la sentencia dictada el pasado 31 de marzo por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Además, solicitó que el recurso tuviera efecto suspensivo, planteo que finalmente fue aceptado por el tribunal.
Qué implica la decisión judicial
Con la resolución de la Cámara, la ejecución de la medida cautelar quedó suspendida hasta que la Corte Suprema resuelva de manera definitiva el conflicto judicial.
De esta forma, el máximo tribunal del país tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad y aplicación de la normativa vinculada al financiamiento de las universidades nacionales.
La medida representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el sistema universitario por los recursos destinados a educación superior.
El argumento del Gobierno sobre las cuentas públicas
Desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que mediante el Decreto 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775, aunque su ejecución fue suspendida debido al impacto fiscal que podría generar.
Según el comunicado oficial, la aplicación inmediata de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”.
El Gobierno sostiene que cualquier esquema de financiamiento adicional debe contemplar previamente las fuentes de recursos correspondientes para evitar un deterioro fiscal.
El conflicto por el financiamiento universitario
La discusión sobre el presupuesto universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre la administración de Javier Milei y las universidades públicas.
En los últimos meses, rectores, docentes y estudiantes realizaron movilizaciones y reclamos en defensa del financiamiento del sistema universitario nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional había impulsado acciones judiciales para exigir la implementación de la ley y garantizar la actualización presupuestaria frente a la inflación.
El Gobierno ratificó su postura
En el cierre del comunicado, el Ministerio de Capital Humano aseguró que el Ejecutivo mantiene “el compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender”.
No obstante, aclaró que ese objetivo debe sostenerse “en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y de asignación eficiente de los recursos del Estado”.
Ahora, el expediente quedará bajo análisis de la Corte Suprema, que deberá definir el alcance definitivo de la ley y la validez de las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo.