La medida busca reconstruir el circuito del dinero detrás de los vuelos, en medio de sospechas sobre posibles beneficios indebidos. En paralelo, la Justicia solicitó acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que grabó el video en el que se ve al funcionario abordando un avión con destino a Uruguay.

La investigación avanzó en las últimas horas con la difusión de facturas y documentos que generaron fuerte repercusión política. Entre los datos analizados, figura la empresa In House S.A., vinculada al periodista deportivo Marcelo Grandío, como presunta responsable del pago de un vuelo privado a Punta del Este realizado el 12 de febrero.

Según los comprobantes, el traslado habría costado unos 4.830 dólares. La Justicia busca determinar si existió un conflicto de intereses, dado que la firma tendría contratos con el Estado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Además, la causa se amplía a otros viajes oficiales. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza el uso del avión presidencial en un vuelo a Nueva York en el que participó la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

En el entorno de Adorni, en tanto, deslizan desconfianza sobre el accionar judicial y vinculan la rapidez de la investigación con tensiones internas dentro del Gobierno y con aspiraciones institucionales del propio magistrado.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar el origen de los fondos y establecer si hubo irregularidades en el financiamiento de los viajes, en un caso que suma tensión política y repercusiones dentro del oficialismo.