El conflicto gira en torno al congelamiento de los precios de la electricidad dispuesto por la administración provincial y a la deuda que, según denunció la mayorista eléctrica, se acumuló por las compras de energía destinadas a abastecer a la distribuidora EDELAR.

En una resolución firmada el jueves 29 de octubre, el máximo tribunal declaró su competencia originaria en el expediente CSJ 1847/2024 y dispuso correr traslado de la demanda por un plazo de 60 días. La notificación fue dirigida al gobernador y al fiscal de Estado de La Rioja.

Además, la Corte convocó al Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, para que intervenga en el proceso en calidad de tercero.

Qué reclama CAMMESA al Gobierno de La Rioja

La demanda cuestiona el Decreto provincial 370/2024 y la Resolución 133/2024 del Ministerio de Agua y Energía, normas mediante las cuales la administración de Quintela estableció un esquema que impidió trasladar directamente a las facturas de EDELAR los precios estacionales fijados por la Secretaría de Energía de la Nación.

Según el planteo de CAMMESA, el régimen provincial también permitió descontar de las compras mayoristas determinados créditos reconocidos a los usuarios, una decisión que habría alterado el funcionamiento de la cadena de pagos del mercado eléctrico.

En ese contexto, la empresa denunció una deuda de $8.183.406.774,76 al momento de iniciar la acción judicial.

Ese importe corresponde al reclamo original presentado en el expediente y no representa un saldo actualizado a octubre de 2026 ni una condena de pago establecida por la Corte.

El esquema de subsidios y el conflicto por las facturas

La regulación provincial contempló que el Gobierno riojano absorbiera transitoriamente parte del costo de la energía mediante un fondo de compensación, con el objetivo de evitar que los aumentos mayoristas se trasladaran directamente a los usuarios.

Sin embargo, CAMMESA sostuvo en su presentación judicial que la Provincia no realizó pagos cancelatorios por las compras de electricidad correspondientes.

El conflicto también alcanza las condiciones establecidas para acceder a los beneficios tarifarios. Según la resolución provincial reseñada en el expediente, los usuarios debían presentar acciones judiciales contra el cuadro tarifario nacional para quedar comprendidos en el mecanismo.

De esta manera, la controversia no se limita al precio que pagan los consumidores riojanos, sino que también involucra quién debe financiar la energía adquirida en el mercado mayorista y cómo deben distribuirse esos costos entre la Provincia, la distribuidora y CAMMESA.

Qué resolvió la Corte Suprema

La resolución lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Los magistrados dispusieron que el Gobierno de La Rioja tenga 60 días para contestar la demanda y establecieron la participación del Estado nacional en el expediente.

Sin embargo, la decisión no implica que la Corte haya declarado inconstitucionales las normas provinciales ni que haya ordenado pagar la deuda reclamada.

Tampoco concedió la medida cautelar solicitada por CAMMESA. Su tratamiento quedó reservado para una instancia posterior, una vez recibidas las contestaciones o vencidos los plazos correspondientes.

Con la apertura del juicio ordinario, el máximo tribunal puso en marcha una instancia judicial que podría tener consecuencias sobre el esquema de regulación eléctrica de La Rioja y el mecanismo de financiamiento de los costos energéticos aplicado durante la gestión de Ricardo Quintela.