La iniciativa amplía el alcance de la denominada “Prioridad Porteña”, que ya regía en el sistema de salud, y ahora se extiende a todas las dependencias de la administración pública local. De esta manera, los vecinos de la Ciudad tendrán preferencia al momento de solicitar turnos, cupos, vacantes o realizar trámites.

Desde el Ejecutivo porteño señalaron que la medida busca reconocer a quienes residen y tributan en la Ciudad. “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen”, sostuvo Macri, al justificar la decisión y cuestionar la atención a personas de otras jurisdicciones.

El decreto también lleva la firma del jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y establece que la prioridad funcionará como un criterio de ordenamiento en la atención administrativa, sin eliminar el acceso a los servicios.

No obstante, el Gobierno aclaró que la medida no se aplicará en situaciones de urgencia o emergencia sanitaria, donde la atención seguirá siendo universal e inmediata, sin distinción de domicilio.

En el área de salud, donde ya se había implementado este criterio, se registraron más de 30 millones de prestaciones durante 2025, con un aumento del 30% en la oferta de consultas y un crecimiento significativo en intervenciones quirúrgicas.

El jefe de Gobierno sostuvo además que la decisión apunta a poner fin a lo que definió como “una injusticia disfrazada de solidaridad”, al referirse a la atención de pacientes de otras jurisdicciones. “La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”, afirmó.

Por otra parte, la medida no alcanza a áreas como la seguridad pública, y su implementación será coordinada por la Jefatura de Gabinete con cada organismo para adaptar los procedimientos internos.

En paralelo, la administración porteña reclamó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que asuma los costos vinculados a la atención de personas en situación de calle provenientes de su jurisdicción, en línea con lo establecido por normativas nacionales.

Así, la Ciudad profundiza una política que busca priorizar recursos para sus residentes, en medio de un debate creciente sobre la distribución de costos entre jurisdicciones y el acceso a servicios públicos.