La causa se originó a partir de una auditoría interna que detectó diferencias entre los ingresos registrados por aportes sindicales y los egresos declarados en la contabilidad de la sede central. Tras esa revisión, se presentó una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py.

A partir de esa presentación, el expediente avanzó con allanamientos y medidas de prueba ordenadas por la Justicia para determinar el destino final de los fondos que, según la investigación, habrían sido transferidos a cuentas ajenas a la actividad gremial.

Transferencias bajo sospecha

Fuentes judiciales indicaron que la persona investigada, identificada como militante de La Cámpora, tenía acceso a firmas autorizadas para el movimiento de partidas presupuestarias dentro del sindicato.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, se detectaron transferencias bancarias hacia cuentas de terceros sin vínculo contractual con la organización sindical. Los investigadores analizan si esos movimientos formaban parte de un mecanismo sistemático para desviar recursos.

Además, durante las pericias contables se habría identificado que parte del dinero pudo haber sido utilizado para financiar actividades políticas territoriales que no estaban relacionadas con la vida institucional del gremio.

El rol dentro del gremio

La dirigente investigada ocupaba funciones estratégicas dentro del área financiera del sindicato que conduce Abel Furlán, lo que le otorgaba acceso directo al manejo de recursos destinados a asistencia social e infraestructura sindical.

Uno de los testigos que declaró ante el fiscal aseguró que el manejo de los fondos se realizaba con amplia discrecionalidad y sin controles formales de la comisión directiva, lo que complicaría la situación procesal de la militante.

Mientras tanto, la defensa de la acusada rechazó las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política dentro del ámbito sindical.

Pericias y próximos pasos

Durante los operativos realizados en los últimos días, los investigadores incautaron documentación contable y equipos informáticos que ahora están siendo analizados por peritos judiciales.

Los primeros informes preliminares señalarían un patrón de gastos considerado irregular, que podría responder a un esquema sistemático de desvío de fondos para fines personales o partidarios.

La Justicia espera ahora los resultados de pericias sobre movimientos bancarios y cruces de comunicaciones para determinar si existieron otros involucrados dentro de la estructura sindical que hayan participado o facilitado las maniobras bajo investigación.