Las pymes podrán acceder a una reducción del 50% en determinadas multas impositivas por incumplimientos formales, en el marco del régimen de Inocencia Fiscal. La medida fue reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante la Resolución General 5927/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El beneficio alcanza a las infracciones cometidas antes del 9 de octubre de 2026 y establece como fecha límite el 18 de diciembre de este año para cumplir con las obligaciones que fueron omitidas.

La disposición se encuentra contemplada en el artículo 17 de la Ley 27.826 y fue reglamentada por el Decreto 1253/2026. Su objetivo es facilitar la regularización de incumplimientos vinculados con obligaciones formales, como la presentación de declaraciones juradas o información requerida por el organismo recaudador.

Sin embargo, la reducción tiene un alcance específico: comprende únicamente el importe de las multas y no modifica el capital de los impuestos adeudados ni los intereses correspondientes. Además, quedan excluidos los contribuyentes categorizados como Grandes Contribuyentes.

Qué multas contempla la reducción de ARCA

El régimen comprende las sanciones previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683 y en los artículos incorporados a continuación de estos.

Se trata de multas por incumplimientos de deberes formales, es decir, obligaciones administrativas que no están directamente relacionadas con la falta de pago de un impuesto.

Entre los casos alcanzados se encuentra la presentación fuera de término de declaraciones juradas y el incumplimiento de determinados requerimientos de información.

Para acceder al beneficio, las infracciones deben reunir tres condiciones:

• Corresponder a obligaciones vencidas a partir del 2 de enero de 2026.

• Haber sido cometidas antes del 9 de octubre de 2026.

• No encontrarse firmes a esa fecha o, si ya lo estaban, no haber sido canceladas.

La reglamentación considera canceladas las multas que fueron consolidadas dentro de un plan de facilidades de pago, por lo que también quedan fuera del beneficio aquellas sanciones firmes incorporadas a este tipo de planes.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La reducción está destinada a contribuyentes que, al momento de cometer la infracción, se encontraban dentro de alguna de las categorías contempladas por la normativa.

Los beneficiarios potenciales son:

• Micro, pequeñas y medianas empresas: correspondientes a los tramos 1 y 2, con Certificado MiPyME vigente y la caracterización correspondiente en el Sistema Registral de ARCA.

• Personas humanas y sucesiones indivisas.

• Entidades sin fines de lucro: asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales y consorcios de propietarios.

En todos los casos, existe una condición excluyente: no estar categorizados como Grandes Contribuyentes de acuerdo con la Resolución General 5670.

Cómo acceder a la reducción del 50% y cuál es la fecha límite

El procedimiento depende de la situación en la que se encuentre la multa.

Cuando la sanción no está en discusión, la reducción opera de pleno derecho. Sin embargo, el contribuyente debe cumplir con la obligación formal que había omitido hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive.

Por ejemplo, una sociedad anónima que todavía no presentó el balance en formato PDF podrá acceder al beneficio si regulariza esa obligación dentro del plazo establecido.

En cambio, cuando la multa se encuentra en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, es necesario realizar un trámite adicional.

En esos casos, el contribuyente deberá ingresar al servicio Presentaciones Digitales de ARCA y seleccionar el trámite denominado “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27826”. Allí tendrá que identificar la sanción mediante el número de sumario, resolución o instrumento correspondiente.

Tanto la regularización de la obligación como la presentación digital, cuando corresponda, deberán realizarse hasta el 18 de diciembre inclusive.

Qué implica aceptar el beneficio

Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es que acceder a la reducción implica aceptar las condiciones establecidas por el régimen.

Cuando la multa se encuentra en discusión, el contribuyente debe allanarse incondicionalmente a la pretensión fiscal por la parte no reducida y renunciar a cualquier acción o derecho relacionado con esa sanción.

Esto significa que no podrá continuar cuestionando la multa una vez que se haya acogido al beneficio. También deberá asumir las costas y los gastos causídicos correspondientes.

Por otra parte, la normativa establece que la reducción no habilita a solicitar la devolución de importes que ya hubieran sido pagados antes del 9 de octubre de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.826.

La posibilidad de combinar dos reducciones y llegar al 62,5%

Uno de los puntos más relevantes para las pequeñas y medianas empresas es la posibilidad de combinar este beneficio con la reducción del 25% prevista en el artículo 49 bis de la Ley 11.683.

Ese artículo, incorporado por la Ley 27.826, contempla una disminución de pleno derecho para las multas correspondientes a micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes.

Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez a Agencia Noticias Argentinas, ambas reducciones podrían aplicarse de manera conjunta.

El especialista ejemplificó el mecanismo con una multa de $10 millones por la presentación fuera de término de la declaración jurada del Libro de IVA Digital.

Si la empresa califica como MiPyME, la primera reducción del 25% lleva la sanción a $7,5 millones. Luego, si cumple con la obligación omitida hasta el 18 de diciembre, puede aplicar la reducción adicional del 50%, con lo que la multa final queda en $3,75 millones.

De esta manera, el descuento acumulado alcanza el 62,5% sobre el importe original de la sanción.

Qué deben revisar las pymes antes del 18 de diciembre

Para aprovechar el régimen, los contribuyentes deberán identificar las multas por incumplimientos formales correspondientes a obligaciones desde el 2 de enero de 2026 y verificar su situación administrativa o judicial.

También será necesario comprobar que cumplen los requisitos de encuadre, especialmente la vigencia del Certificado MiPyME y la correspondiente caracterización en el Sistema Registral de ARCA.

Además, deberán determinar si pueden aplicar la reducción adicional del 25% prevista en el artículo 49 bis y completar las obligaciones pendientes dentro del plazo establecido.

Domínguez consideró positiva la reducción de las multas por incumplimientos formales, aunque advirtió que el beneficio resulta insuficiente frente a los montos de algunas sanciones.

El tributarista señaló que incluso con las dos reducciones, una multa de $3,75 millones por presentar fuera de término el Libro de IVA Digital o un balance puede representar una carga difícil de afrontar para muchas pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, planteó la necesidad de que las sanciones por incumplimientos formales guarden proporción con la gravedad de la infracción y la capacidad contributiva de cada empresa, para promover el cumplimiento tributario sin comprometer su continuidad.