El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, coincidieron en remarcar que no hubo irregularidades en la obtención de los préstamos.

“No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo”, sostuvo Núñez en declaraciones públicas. En esa línea, explicó que eligieron operar con el Banco Nación por ser clientes y percibir allí sus salarios.

El funcionario también destacó que las condiciones ofrecidas por la entidad eran las más competitivas del mercado y subrayó que se trata de compromisos financieros de largo plazo: “Nuestras familias se endeudaron a 30 años”.

Por su parte, Furiase aclaró detalles sobre su situación patrimonial y el destino del crédito. Indicó que el préstamo fue destinado a la compra de una segunda vivienda y desmintió versiones sobre una tercera propiedad. Según explicó, ese inmueble corresponde a una donación de usufructo realizada por sus padres, de la cual posee un 33%, y en la que no reside desde 2010.

De acuerdo a los datos difundidos, Furiase obtuvo un crédito por 367 millones de pesos (unos 280 mil dólares), mientras que Núñez accedió a un financiamiento de 373 millones de pesos (alrededor de 315 mil dólares).

El caso generó repercusión política luego de que trascendiera que otros funcionarios y dirigentes también accedieron a líneas similares, entre ellos legisladores y miembros del Ejecutivo. Entre los nombres mencionados figuran Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, además de funcionarios como Juan Pablo Carreira, Sharif Menem, Guillermo Madero y Emiliano Mongilardi.

En ese contexto, también se conoció la salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano, decisión atribuida a no haber informado la obtención de un crédito a la titular de la cartera, Sandra Pettovello.

Desde el oficialismo insisten en que no existieron beneficios especiales y que los préstamos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier ciudadano, mientras la polémica continúa escalando en el ámbito político.