El exlegislador llegó a los Tribunales Federales de San Isidro poco antes de las 10 de la mañana y permaneció en el edificio hasta cerca del mediodía. Al retirarse, evitó realizar declaraciones sobre el expediente y se limitó a señalar: "No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez".

En lugar de responder las preguntas durante la indagatoria, Espert presentó un escrito elaborado por su defensa junto con una serie de pruebas documentales.

La estrategia de la defensa

En un comunicado difundido tras la audiencia, los abogados explicaron que la decisión de no prestar declaración oral responde al ejercicio de un derecho constitucional y que buscan preservar esa instancia "para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo".

Además, sostuvieron que "no se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos".

Como parte de la presentación, la defensa incorporó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019. Según indicaron, esa documentación acredita la negociación, celebración y ejecución del contrato de servicios profesionales que originó el pago investigado y constituye evidencia "técnicamente inalterable y verificable".

Asimismo, solicitaron que el juez Lino Mirabelli reasuma de manera directa la conducción de la investigación, que hasta el momento se encontraba delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez.

El origen de la investigación

La causa judicial gira en torno a una transferencia por US$200.000 acreditada el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos y que, según la investigación, no habría sido declarada ante la autoridad fiscal argentina.

De acuerdo con el expediente, los fondos fueron enviados por la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada al empresario aeronáutico argentino Fred Machado, quien se declaró culpable por lavado de dinero en Estados Unidos.

Espert sostuvo públicamente que ese dinero correspondió al pago por un asesoramiento profesional brindado a la empresa Minas del Pueblo S.A., con operaciones en Guatemala.

No obstante, la Justicia investiga si esos fondos pudieron haber sido utilizados para la compra de vehículos de alta gama y para financiar un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica.

En paralelo, el exdiputado continúa con sus bienes inhibidos por decisión judicial, una medida que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín y que también alcanza a integrantes de su entorno y a empresas vinculadas al expediente.

La investigación continúa en etapa de instrucción y la documentación presentada por la defensa será incorporada al expediente para su análisis. El avance de las medidas probatorias será determinante para definir la situación procesal de José Luis Espert en una causa que sigue bajo la órbita de la Justicia Federal.