La iniciativa se conoció después de la crisis migratoria registrada en Ceuta, tras la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas a finales de julio.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, explicó que las reformas buscan mejorar la capacidad del Estado para gestionar las solicitudes de protección internacional y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de las personas migrantes.

Qué es el triaje que incorporará España

Una de las principales novedades será la incorporación de la figura del triaje, un procedimiento destinado a recopilar información de las personas migrantes que ingresen a España sin haber pasado por los controles fronterizos.

El proceso tendrá una duración inicial de 72 horas, aunque podrá ser prorrogado mediante una decisión judicial.

La reforma también diferenciará entre un procedimiento ordinario para analizar las solicitudes de protección internacional y otro acelerado, que deberá resolverse en un plazo de tres meses.

Cambios en la protección internacional

El nuevo proyecto actualiza y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria.

Además, incorpora expresamente situaciones relacionadas con la persecución por motivos de género, identidad o expresión de género y discapacidad.

Según el Ministerio del Interior español, el proyecto mantiene un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos y busca compatibilizar las garantías para los solicitantes con la necesidad de reforzar la gestión de las fronteras.

La reforma también responde al fuerte crecimiento de las solicitudes de protección internacional en España. Los pedidos pasaron de unos 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025.

Nuevo procedimiento para los retornos

El anteproyecto de la ley de extranjería incorpora además el procedimiento fronterizo de retorno contemplado en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El mecanismo permitirá agilizar el retorno de las personas que ingresen irregularmente y no tengan derecho a protección internacional.

Según la propuesta, los retornos deberán ejecutarse en un plazo de hasta 12 semanas, bajo procedimientos que el Gobierno español define como eficaces y garantistas.

En el caso de las personas que soliciten protección internacional, la reforma establece un derecho de permanencia durante el proceso, aunque esta situación no implicará automáticamente la obtención de una autorización de residencia.

Si la solicitud es rechazada, la persona recibirá junto con la notificación una denegación de entrada que establecerá la obligación de abandonar España.