El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un paquete de medidas para proteger a inquilinos vulnerables y extender la protección frente a los desalojos hasta 2030, en medio de una ola de protestas por la crisis habitacional. El caso de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid, se convirtió en el centro de los reclamos.
La iniciativa contempla extender hasta 2030 la protección frente a determinados desalojos de personas en situación de vulnerabilidad y establecer mecanismos para la renovación de contratos de alquiler. El paquete deberá atravesar ahora el trámite parlamentario correspondiente.
La decisión se produjo después de las protestas impulsadas por organizaciones de inquilinos, que instalaron un campamento en la Puerta del Sol de Madrid y reclamaron medidas para limitar los desalojos, regular determinadas modalidades de alquiler y contener el incremento de los precios.
El caso de Maricarmen
El conflicto tomó especial dimensión tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante 71 años en una vivienda del barrio madrileño de Retiro.
El desalojo se concretó el 23 de septiembre, después de varios intentos judiciales y de una concentración de vecinos y activistas que buscó impedirlo. El caso generó repercusión política y volvió a poner en el centro del debate la situación de los inquilinos mayores y vulnerables.
Sin embargo, el caso tuvo una nueva resolución. Abascal alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria para regresar a la vivienda una vez que reciba el alta médica. El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años y establece un alquiler que no superará el 30% de sus ingresos, alrededor de 500 euros mensuales.
Las protestas por la vivienda
Las movilizaciones se extendieron durante varios días en Madrid y otras ciudades españolas. Las organizaciones de inquilinos reclaman, entre otras medidas, contratos de mayor duración, renovación automática, cambios en la regulación de los alquileres temporarios y por habitaciones y mayores restricciones para los desalojos de personas vulnerables.
La ministra de Sanidad, Mónica García, había señalado previamente que el Gobierno todavía negociaba el denominado “decreto Maricarmen” y respaldó públicamente varias de las demandas de las organizaciones de inquilinos.
La crisis habitacional española está vinculada a la combinación de aumentos de los alquileres, dificultades de acceso a la vivienda y una oferta insuficiente frente a la demanda. Reuters informó que el Banco de España advirtió sobre un posible déficit de más de un millón de viviendas para 2028, mientras los alquileres continúan aumentando por encima de los ingresos de numerosos hogares.
El Gobierno de Sánchez busca así responder a una de las principales demandas surgidas de las protestas, mientras las medidas anunciadas deberán completar su recorrido legislativo para determinar su alcance definitivo.
