Según el cálculo sindical, cerca del 80% de los salarios estatales de la provincia se encuentra por debajo de ese valor de referencia. Es importante aclarar que ese porcentaje no surge de una estadística oficial de pobreza, sino de un cálculo salarial elaborado por ATE; la medición de pobreza, a diferencia de este dato, se realiza por hogar y contempla la composición familiar y el conjunto de los ingresos, no solo el salario individual de cada trabajador.

En los municipios de la provincia, las remuneraciones varían según la categoría, la antigüedad y los adicionales de cada administración local. Según indicaron los gremios, en varias comunas los haberes iniciales se aproximan al valor de la canasta alimentaria, la referencia que se utiliza habitualmente para medir la indigencia.

ATE calculó además que, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la inflación acumulada llegó al 228,5%, mientras que los salarios estatales aumentaron 138,77% en el mismo período. El gremio también relevó que seis de cada diez trabajadores recurren al endeudamiento para afrontar gastos básicos y que tres de cada diez registran atrasos en sus pagos, indicadores que —al igual que los anteriores— corresponden a su propio relevamiento sindical y no a una medición oficial sobre el conjunto de los empleados públicos.

Frente a este reclamo, el gobierno de Claudio Poggi dispuso un aumento del 20%, dividido en cuatro tramos del 5% para julio, agosto, octubre y noviembre. Según estimó la administración provincial, una vez completado el cronograma la mejora acumulada durante 2026 llegará al 30%. El esquema se sumó a un pago extraordinario de $300.000 realizado en mayo, mientras que para los beneficiarios del Plan de Inclusión se fijaron montos de $525.000 en julio, $550.000 en agosto, $575.000 en octubre y $600.000 en noviembre.

El Ejecutivo provincial indicó que la recomposición salarial se financia con el Fondo de Reserva Salarial y Social, creado en el marco de la emergencia económica y equivalente a dos meses de masa salarial. Los sindicatos, por su parte, mantienen además pedidos de recategorización, actualización de adicionales y medidas específicas para atender el endeudamiento de los trabajadores estatales.

Al 12 de agosto, el Gobierno sostenía el cronograma de aumentos vigente, con nuevas subas del 5% previstas para octubre y noviembre, mientras los gremios continuaban reclamando la apertura de una negociación salarial formal y una mejora sobre el salario básico.