El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, apunta a obtener dictamen en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, con la intención de llevar el proyecto al recinto en la primera semana de mayo.

La propuesta fue impulsada originalmente por el presidente Javier Milei junto a la ministra de Seguridad y actual jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre de 2024.

Uno de los ejes centrales del proyecto es facilitar la regularización de la tenencia legítima de armas mediante un procedimiento simplificado, que podrá realizarse de manera virtual. En ese marco, quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento no deberán volver a acreditar idoneidad en el manejo ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

En paralelo, la iniciativa contempla extender hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite a los ciudadanos entregar armas y municiones de forma anónima, sin consecuencias legales, para su destrucción.

El esquema también prevé un plazo de 360 días para que quienes posean armas no registradas puedan regularizar su situación o adherir al programa de entrega. Como incentivo, la Agencia Nacional de Materiales Controlados otorga un cupón canjeable por dinero en efectivo a quienes entreguen voluntariamente el armamento.

El procedimiento incluye la carga previa de los datos del arma en un sistema digital, que permite verificar si tiene pedido de secuestro judicial. Luego, al presentarse ante el organismo, el arma es inutilizada en el acto y posteriormente destruida en instalaciones especializadas.

Desde el organismo aclararon que el proyecto se enfoca exclusivamente en la tenencia legítima de armas de fuego, no así en la portación, que continúa restringida a fuerzas de seguridad y personal autorizado.

Durante el debate en comisión expondrá el titular del Registro Nacional de Armas, Juan Pablo Allan, quien brindará detalles técnicos sobre la implementación del sistema.

Con este proyecto, el Gobierno busca ordenar el registro de armas en manos de civiles y, al mismo tiempo, fomentar la reducción del stock ilegal mediante mecanismos voluntarios, en un tema sensible que vuelve al centro de la agenda legislativa.