El Gobierno nacional desistió de avanzar con el capítulo sobre extranjerización de la tierra incluido en el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, luego del rechazo expresado por los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén).
El cambio que generó el conflicto
La iniciativa contemplaba modificaciones que ampliaban el porcentaje de tierras que podían ser adquiridas por extranjeros, un punto que despertó resistencia entre varios gobernadores y senadores vinculados a provincias con fuerte presencia de tierras rurales y recursos estratégicos.
De acuerdo con fuentes parlamentarias, los mandatarios provinciales transmitieron a la Casa Rosada una posición unificada: con ese capítulo incluido, no estaban garantizados los votos para aprobar el proyecto.
Los votos que hicieron retroceder al oficialismo
Tras esa definición, las senadoras Flavia Royón (Salta) y Beatriz Ávila (Tucumán) comunicaron que no acompañarían el capítulo referido a la extranjerización de la tierra.
Posteriormente, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reforzó públicamente esa postura y sostuvo: “No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”.
La pérdida de esos apoyos dejó al oficialismo sin margen para sostener una de las modificaciones más sensibles del proyecto.
Un debate con impacto sobre el mercado de tierras
El capítulo retirado había generado preocupación entre distintos actores vinculados al mercado de tierras rurales, las inversiones agropecuarias y el desarrollo territorial, debido a su potencial impacto sobre el régimen de adquisición de tierras por parte de personas o empresas extranjeras.
El tratamiento legislativo acumulaba cuatro meses de debate en el Senado y había incorporado cerca de veinte modificaciones sustanciales durante su discusión en comisión.
Qué puede pasar ahora
Con el retiro de ese capítulo, el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada continuará su tratamiento sin la modificación vinculada a la extranjerización de la tierra, mientras el oficialismo evalúa alternativas para recuperar consensos en la Cámara alta.
El episodio volvió a mostrar el peso de los gobernadores provinciales en las negociaciones legislativas y la sensibilidad política que mantiene en Argentina cualquier intento de modificar el régimen de propiedad y tenencia de tierras rurales.
