El texto inicial, de unas 170 páginas, había sido elaborado durante la gestión de Sergio Neiffert al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según el análisis realizado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el plan contemplaba la posibilidad de monitorear a actores considerados capaces de “erosionar” la confianza pública.

Entre ellos se mencionaban opositores políticos, economistas, movimientos sociales y periodistas, lo que generó cuestionamientos sobre un eventual uso del sistema de inteligencia para tareas de vigilancia interna.

Cambios tras las críticas

Tras el dictamen crítico de la Bicameral, el Gobierno decidió eliminar o reformular varios de los pasajes más controvertidos del documento.

Las modificaciones incluyeron la supresión de referencias a “actores” que pudieran afectar la “percepción” o los “procesos cognitivos” de la opinión pública, así como menciones al uso de nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial para ese tipo de seguimiento.

De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, los cambios fueron enviados al Congreso después de las elecciones de octubre y antes de la salida de Neiffert de la conducción de la SIDE, con el objetivo de adecuar el plan a los límites establecidos por la legislación vigente en materia de inteligencia.

Persisten las alertas en el Congreso

A pesar de las modificaciones, dentro del Parlamento continúan las preocupaciones por el alcance de algunas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Uno de los puntos que genera mayor debate es el Decreto 941/2025, mediante el cual el Gobierno amplió facultades de la SIDE para realizar cruces masivos de datos personales y detenciones sin control judicial previo, una decisión tomada sin tratamiento legislativo.

Revisión pendiente

La discusión parlamentaria sobre el nuevo plan aún no avanzó debido a que la renovación legislativa dejó momentáneamente en suspenso el funcionamiento de la comisión bicameral encargada de supervisar los organismos de inteligencia.

En ese contexto, todavía no existe una revisión definitiva de la versión corregida del PIN, lo que mantiene abierto el debate político sobre si continúa vigente el documento original más cuestionado o si el plan reformulado ya es el que el Ejecutivo considera operativo.