El Gobierno nacional rechazó las versiones sobre una supuesta crisis financiera en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y aseguró que el organismo continúa cumpliendo con los pagos comprometidos a clínicas, sanatorios y prestadores de salud de todo el país.

La respuesta oficial llegó luego de que distintas cámaras del sector advirtieran sobre dificultades económicas que podrían afectar la prestación de servicios médicos para los afiliados de la obra social de jubilados y pensionados.

Fuentes del oficialismo señalaron que el organismo conducido por Esteban Leguízamo no registra deuda acumulada con clínicas y sanatorios a nivel nacional y que el cronograma de pagos previsto para este mes se está ejecutando con normalidad.

Según indicaron, los montos pendientes corresponden únicamente a gastos corrientes que forman parte de la operatoria habitual del sistema y no a atrasos extraordinarios.

Desde la Casa Rosada también reconocieron que las entidades prestadoras vienen reclamando desde hace meses una actualización de los valores que reciben por los servicios médicos brindados a los afiliados.

En ese sentido, confirmaron que se acordaron incrementos del 1,9% para junio y otro porcentaje similar para julio. Además, anticiparon que las autoridades volverán a convocar a los representantes del sector para analizar posibles alternativas en un contexto de restricciones presupuestarias.

El Gobierno sostiene que el objetivo es continuar con el proceso de reorganización financiera y administrativa del organismo para evitar conflictos que puedan afectar la atención médica en el corto y mediano plazo.

Sin embargo, la postura oficial contrasta con las advertencias formuladas por la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS), que expresó preocupación por la situación económica que atraviesan numerosas instituciones vinculadas a la atención de afiliados del PAMI.

La entidad anunció recientemente la suspensión de la asignación de nuevos turnos para consultorios externos en distintas especialidades médicas y alertó sobre las dificultades para sostener el funcionamiento normal de los establecimientos.

Según CAPRESS, la falta de actualización de los valores prestacionales y las complicaciones financieras impiden afrontar adecuadamente la compra de insumos esenciales, el pago de salarios y los honorarios de profesionales de la salud.

En ese marco, las instituciones advirtieron que mantendrán únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas ya existentes, mientras que quedarán suspendidas por tiempo indeterminado diversas cirugías y procedimientos programados que no revistan carácter de urgencia.

Los prestadores también responsabilizaron al Estado nacional por las eventuales consecuencias sanitarias que esta situación pudiera generar sobre los afiliados al PAMI.

La controversia pone de manifiesto las tensiones existentes entre el organismo y parte del sistema prestador de salud, en momentos en que el Gobierno busca mantener el equilibrio presupuestario sin afectar la cobertura médica de millones de jubilados y pensionados.

Mientras las partes sostienen posiciones contrapuestas sobre la situación financiera del sistema, el desarrollo de las próximas negociaciones será determinante para garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar nuevas restricciones en la atención sanitaria.