Las provincias alcanzadas por esta disposición son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. A partir de ahora, podrán licitar obras públicas para el mantenimiento, reparación y explotación de estos corredores mediante el cobro de peajes.

El esquema habilita la participación de empresas privadas, mixtas o entes públicos en la gestión de las rutas, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y agilizar las intervenciones necesarias. Según el Gobierno, la iniciativa busca optimizar los recursos y otorgar mayor protagonismo a las administraciones locales.

No obstante, el decreto establece límites claros: el Estado Nacional conserva la titularidad de las rutas y la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados. En ese sentido, se aclara que la delegación de facultades es “funcional, limitada, temporal y revocable”.

Además, los contratos de concesión no podrán extenderse por más de 30 años desde su aprobación, lo que fija un marco temporal para la gestión de los corredores viales.

Para avanzar con este sistema, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos se definirán los tramos a concesionar y los planes de obras correspondientes.

La normativa también exige que los procesos de licitación cumplan con principios de transparencia, competencia, publicidad y razonabilidad tarifaria, además de garantizar el equilibrio económico-financiero de los contratos.

El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad tendrá a su cargo la supervisión de los acuerdos. Asimismo, se establece que si una provincia no llama a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio, perderá la facultad otorgada sobre ese tramo.

Con esta medida, el Ejecutivo busca impulsar mejoras en la red vial nacional a través de un modelo de gestión más descentralizado, en un contexto de restricciones presupuestarias y necesidad de inversión en infraestructura.