A través del Decreto 483/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo introdujo una serie de cambios en el régimen creado en 2016 para la importación de líneas de producción usadas, buscando agilizar los procedimientos administrativos y adecuarlos a la actual política industrial y comercial.

Entre las principales modificaciones, se destaca que los bienes alcanzados por el régimen abonarán únicamente el 25% del arancel de importación. Además, quedarán exentos del pago de la tasa de estadística, equivalente al 2%, y de la tasa de comprobación de destino, del 3%.

La normativa también redefine el concepto de línea de producción usada, eliminando la obligación de que el componente principal de la instalación sea de segunda mano. Asimismo, amplía el alcance del beneficio a empresas que desarrollen proyectos de mejora de competitividad y que importen maquinaria destinada a instalar nuevas plantas, ampliar la capacidad productiva o modernizar procesos existentes.

Otro de los cambios relevantes es la incorporación de líneas de producción para generación de energía eléctrica y almacenes inteligentes, además de extender hasta 30 años la antigüedad permitida para bienes reconstruidos o actualizados.

En materia de integración nacional, el decreto reduce del 30% al 10% la exigencia de compra de bienes producidos en el país, adquisición que deberá concretarse en un plazo máximo de un año desde la aprobación del proyecto.

El nuevo esquema también apunta a simplificar la gestión administrativa. Las auditorías serán reemplazadas por un sistema de rendición de cuentas a cargo de profesionales certificados, lo que permitirá reducir tiempos y costos de tramitación.

Para agilizar el comercio exterior, el Gobierno habilitó la emisión de una Constancia de Expediente en Trámite (CET), que permitirá importar los bienes antes de la resolución definitiva, siempre que las empresas constituyan las garantías aduaneras correspondientes.

El decreto, sin embargo, endurece las sanciones ante posibles incumplimientos. La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa podrá ejecutar las garantías cuando las empresas no respondan requerimientos oficiales, no presenten las rendiciones de cuentas o hagan un uso indebido de la CET.

Además, se establecen multas equivalentes al 20% de los tributos no ingresados, junto con los intereses correspondientes y un cargo punitorio del 2% mensual.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia este miércoles 24 de junio y también alcanzarán a los expedientes que aún tengan pendiente la ejecución o liberación de garantías, con el objetivo de unificar el marco legal de todas las gestiones en curso.