La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y se fundamenta en investigaciones judiciales y tareas de inteligencia que señalan la presunta participación del CGRI en los atentados terroristas ocurridos en la Argentina durante la década de 1990.

Entre los hechos mencionados se encuentra el ataque del 17 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 29 muertos y más de 200 heridos, y el atentado del 18 de julio de 1994 contra la AMIA, que provocó 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Según el comunicado oficial, ambos ataques habrían sido planificados y financiados con participación de altos funcionarios del régimen iraní y ejecutados a través de la organización Hezbollah, con intervención directa de la Guardia Revolucionaria.

Además, se recordó que la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra ciudadanos iraníes, entre ellos Ahmad Vahidi, quien actualmente tiene un rol relevante dentro del CGRI.

La decisión fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado, sobre la base de informes que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional.

Con su incorporación al RePET, se habilita la aplicación de sanciones económicas y restricciones operativas para limitar el accionar de la organización en el país y evitar su vinculación con el sistema financiero local.

Desde el Gobierno, señalaron que la medida busca saldar una deuda histórica de más de 30 años con las víctimas de los atentados y reafirmar el compromiso de la Argentina en la lucha contra el terrorismo internacional, en línea con su posicionamiento geopolítico.