La iniciativa apunta a restablecer de manera inmediata los mecanismos que garantizan el acceso real y efectivo al derecho al transporte gratuito para personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos, contemplado en la legislación vigente.

“Estamos frente a una decisión profundamente injusta que afecta derechos fundamentales de sectores especialmente protegidos. No se puede sostener formalmente un derecho mientras se eliminan las herramientas concretas que permiten ejercerlo”, sostuvo Giuliano al cuestionar la resolución oficial.

El legislador santafesino advirtió que la decisión del Gobierno nacional representa “un retroceso en materia de derechos sociales” y vulnera principios constitucionales vinculados a la protección de las personas con discapacidad y el acceso a la salud.

En los fundamentos del proyecto, Giuliano remarcó que el transporte gratuito “no constituye un privilegio”, sino una herramienta clave para garantizar inclusión, accesibilidad y acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, educación y trabajo.

Además, alertó sobre el fuerte impacto federal de la medida. “Miles de personas del interior del país dependen del transporte de larga distancia para acceder a prestaciones médicas de alta complejidad. Esta resolución profundiza desigualdades territoriales y pone en riesgo el acceso efectivo a la salud”, afirmó.

La iniciativa presentada en el Congreso busca que el Poder Ejecutivo revea la resolución y garantice nuevamente el sistema de compensaciones para evitar restricciones en el acceso al transporte gratuito de los sectores más vulnerables.