El Gobierno cubano cuestionó la decisión de Donald Trump de extender hasta septiembre de 2027 las medidas económicas, comerciales y financieras contra la isla bajo la Ley de Comercio con el Enemigo. La Habana calificó la medida como una continuidad de la política de sanciones.
La prórroga fue firmada por el presidente estadounidense Donald Trump y extiende la vigencia de estas facultades hasta el 14 de septiembre de 2027, evitando que las restricciones expiraran el próximo 14 de septiembre.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, cuestionó la decisión y sostuvo que la extensión mantiene una política de presión económica que, según el Gobierno de La Habana, lleva más de seis décadas.
Cuba cuestionó la decisión de Trump
Rodríguez afirmó que la renovación de la Ley de Comercio con el Enemigo “no constituye un acto administrativo menor” y consideró que representa una confirmación de la continuidad de la política estadounidense hacia Cuba.
El canciller sostuvo además que la medida busca mantener la presión sobre la economía cubana y la calificó como parte de una ofensiva estadounidense contra la isla.
La reacción del Gobierno cubano se produjo luego de que Washington hiciera pública la determinación presidencial, fechada el 20 de agosto.
Qué establece la prórroga de Estados Unidos
La decisión de Trump no incorpora nuevas sanciones ni modifica las restricciones actualmente vigentes.
El decreto extiende durante un año las facultades previstas bajo la Ley de Comercio con el Enemigo, una legislación estadounidense promulgada en 1917 y que constituye uno de los instrumentos jurídicos utilizados para sostener las restricciones económicas contra Cuba.
Según la determinación presidencial, la continuidad de las facultades responde al “interés nacional de Estados Unidos” y evita que expiren en septiembre de 2026.
De esta manera, las medidas continuarán vigentes hasta septiembre de 2027.
Cuba sigue bajo la Ley de Comercio con el Enemigo
Con la nueva prórroga, Cuba continúa siendo el único país actualmente sujeto a restricciones bajo la Ley de Comercio con el Enemigo.
La legislación otorga al Ejecutivo estadounidense facultades para imponer determinadas restricciones económicas y comerciales en situaciones consideradas de interés nacional.
Para La Habana, la decisión constituye una nueva señal de continuidad de la política estadounidense hacia la isla y se produce en un contexto de fuertes diferencias entre ambos gobiernos.
