El costo fiscal del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) podría alcanzar los US$1.069 millones anuales en un escenario base, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina.

El reporte señaló que, una vez que los proyectos actualmente aprobados entren plenamente en funcionamiento, la renuncia recaudatoria del Estado nacional oscilará entre US$786 millones y US$1.395 millones anuales, dependiendo del nivel de exportaciones alcanzado.

El principal impacto: Ganancias y beneficios aduaneros

Según el análisis del CEPA, el mayor costo fiscal proviene de la reducción en el Impuesto a las Ganancias. Bajo el régimen general, las sociedades tributan una alícuota del 35%, mientras que el RIGI reduce ese porcentaje al 25%, e incluso al 15% en algunos casos contemplados por el denominado “SuperRIGI”.

Solo este diferencial representaría una pérdida estimada de US$545 millones anuales para el fisco.

El informe también incluyó otros beneficios que impactan sobre la recaudación estatal:

• Derechos de exportación resignados, estimados en US$107 millones anuales, especialmente vinculados a proyectos de litio y plata.
• Exenciones arancelarias para la importación de bienes de capital e insumos.
• Devoluciones de IVA y beneficios aduaneros durante la fase de construcción.

En ese sentido, CEPA calculó que entre 2025 y 2028 el costo fiscal asociado a la etapa de inversión rondará los US$430 millones anuales.

La postura del Gobierno

Desde el Gobierno nacional sostienen que el RIGI no compromete el equilibrio fiscal. En informes elevados al Congreso, el Ejecutivo argumentó que el Presupuesto nacional no contempla ingresos provenientes de actividades que todavía no existían antes del régimen, por lo que no habría una “pérdida efectiva” de recursos.

El esquema fue impulsado por la administración del presidente Javier Milei como parte de la Ley Bases, con el objetivo de atraer grandes inversiones en sectores estratégicos.

YPF concentra la mayor parte de las inversiones

Hasta el momento, el Estado aprobó 12 proyectos bajo el RIGI, que suman inversiones comprometidas por US$26.680 millones.

Entre los sectores alcanzados aparecen hidrocarburos, minería, energías renovables, siderurgia e infraestructura.

La empresa YPF concentra un rol central dentro del esquema. Según el informe, la petrolera participa en proyectos que representan el 68,5% del total de inversiones aprobadas, equivalentes a US$18.267 millones.

Entre las iniciativas más relevantes se encuentran el oleoducto Vaca Muerta Sur y la planta de licuefacción de GNL impulsada por Southern Energy.

Debate por las inversiones “nuevas”

El CEPA también puso en duda la capacidad del régimen para generar inversiones genuinamente nuevas.

De acuerdo con el relevamiento, al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados o estaban en evaluación avanzada antes de la sanción de la Ley Bases.

Entre los casos mencionados figuran el parque solar El Quemado, el proyecto Rincón de Litio de Rio Tinto y el yacimiento Los Azules.

Para la entidad, esto podría indicar que el RIGI está otorgando importantes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos que probablemente hubieran avanzado aun sin el nuevo régimen de incentivos.