De esta manera, el Estado argentino logró revertir un duro revés judicial que había generado preocupación por el impacto fiscal que implicaba la millonaria indemnización. En aquel fallo previo, la jueza Loretta Preska había considerado que el país había incumplido el estatuto de la compañía durante el proceso de estatización llevado adelante en 2012.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones concluyó que la expropiación se realizó conforme a derecho, y además ratificó que YPF no debía ser responsabilizada en el proceso, validando así su desvinculación del litigio.

El conflicto judicial se originó en 2015, cuando fondos demandantes iniciaron acciones contra la Argentina por la forma en que se ejecutó la nacionalización de la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el entonces ministro de Economía Axel Kicillof como uno de los principales responsables de la medida.

Pese al fallo favorable, el caso aún no está completamente cerrado. Las partes involucradas mantienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia, lo que podría extender la disputa judicial en los próximos meses.

El resultado representa un fuerte respaldo para la estrategia legal del país y un alivio significativo para las cuentas públicas, en un contexto económico donde cualquier compromiso de esa magnitud habría tenido un impacto considerable sobre las finanzas nacionales.