Casal asistió acompañado por el secretario general de la Procuración, Juan Manuel Casanovas, y el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, quienes además reclamaron una actualización del presupuesto del organismo al advertir que los recursos asignados quedaron por debajo de la inflación durante los últimos dos años.

El impacto del fallo "Levinas"

Durante su exposición, Casal explicó que el pedido de un DNU busca evitar vacíos en la actuación del Ministerio Público Fiscal tras el fallo "Levinas", que estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es la última instancia en las causas tramitadas por la Justicia Nacional antes de llegar a la Corte Suprema.

El procurador sostuvo que la medida es necesaria para asegurar la continuidad de la acción penal mientras se completa la transferencia de competencias a la Justicia porteña.

"Tenemos una responsabilidad fundamental de hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción", afirmó Casal.

Además, indicó que el proyecto de decreto se encuentra actualmente bajo análisis del Ministerio de Justicia y que, mientras no exista una solución definitiva, la Procuración continuará presentando los recursos judiciales correspondientes.

El Congreso analiza una salida legislativa

El presidente de la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público, Sebastián Galmarini, coincidió en que la situación requiere una solución inmediata, aunque consideró que el camino más adecuado sería una ley.

Según explicó, ya se trabaja en una propuesta legislativa que permita resolver de manera transitoria el funcionamiento institucional hasta completar el traspaso total de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

Reclamo por el presupuesto

Otro de los ejes de la exposición fue la situación financiera del Ministerio Público Fiscal.

Olima Espel advirtió que el organismo sufrió una pérdida presupuestaria del 47% en términos reales durante los últimos dos años, debido a que las partidas crecieron por debajo de la inflación.

Pese a ese escenario, destacó que la Procuración avanzó en distintas políticas de modernización, entre ellas:

• Digitalización de expedientes.
• Implementación de un sistema único de gestión de causas penales y no penales.
• Herramientas de cruce de datos para fortalecer la transparencia.
• Desarrollo de un programa para regular el uso de la inteligencia artificial dentro del Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, señaló que por primera vez se establecieron lineamientos comunes para la persecución de la criminalidad organizada en todo el organismo.

Avances del sistema acusatorio

Por su parte, Juan Manuel Casanovas sostuvo que la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal exige una profunda reorganización institucional para garantizar un servicio de justicia más ágil, eficiente y transparente.

El funcionario recordó que el sistema acusatorio ya se encuentra vigente en 13 distritos judiciales, que abarcan 18 provincias, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en el marco del proceso de reforma de la justicia penal federal.