"Responde a un pedido de las industrias. Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad", explicó Caputo al justificar la medida, que calificó como "lo más razonable" desde una perspectiva macroprudencial. El funcionario señaló que el momento elegido responde a dos factores: las tasas en pesos, que continúan en niveles elevados, y el envío al Congreso de la ley de Insolvencia Fiscal II.

Según el ministro, el objetivo de fondo es doble: que las empresas cuenten con una opción de financiamiento a una tasa razonable, y que quienes tienen dólares ahorrados fuera del sistema encuentren un incentivo para depositarlos. Caputo adelantó además que una mayor demanda de crédito en dólares podría derivar en una baja de las tasas en pesos, aunque esa proyección corresponde a una expectativa del funcionario y no a un efecto garantizado por la medida.

La flexibilización se implementará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), mientras que el Banco Central será el encargado de precisar las condiciones macroprudenciales que acompañarán la medida. Según detalló la autoridad monetaria que conduce Santiago Basuili, el esquema busca que la expansión del financiamiento se desarrolle de manera sostenible, resguardando la solvencia y liquidez del sistema financiero y limitando los riesgos derivados de un eventual descalce de moneda por parte de quienes tomen los créditos.

Entre los principales lineamientos de la nueva normativa, el Gobierno estableció que el requisito de capital mínimo para este tipo de financiaciones será equivalente al 125% del aplicable a otras operaciones comparables, y que estas financiaciones computarán 1,25 veces la exposición habitual a los efectos de los límites de exposición crediticia. Además, las entidades financieras deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores de crédito bajo distintos escenarios de variación del tipo de cambio.

Durante la conferencia, Caputo también se refirió a la situación de la morosidad y pidió diferenciar la "empatía" de las "políticas públicas". "Las reestructuraciones ya han ocurrido y la gente ya está pagando. Con el correr del tiempo la mora va a ir bajando", sostuvo, al tiempo que aclaró que el pasaje de un deudor de la categoría de moroso a no moroso no es inmediato: requiere al menos tres meses de pagos sostenidos y, según el nivel de mora en el que se encuentre el deudor, el proceso puede demorar entre 6 y 12 meses en reflejarse en los registros.

El ministro cerró su exposición sobre este punto contando que, durante una cena reciente, distintas entidades bancarias le informaron que ya están refinanciando deudas en mora a tres años, con tasas de entre 20% y 25%, y que la mayoría de los deudores alcanzados ya estaba cumpliendo con los pagos de esos nuevos esquemas.