La postura conjunta se consolidó durante la jornada “Región Centro: el biodiésel como motor de futuro”, un encuentro que reunió a ministros provinciales, dirigentes del agro y referentes industriales con el objetivo de coordinar acciones frente a lo que consideran una medida proteccionista del bloque europeo.

El debate se originó luego de que la Comisión Europea publicara un documento que modifica los criterios para evaluar el riesgo de cambio indirecto del uso del suelo, revisando la expansión global de los cultivos utilizados para producir biodiésel. En ese contexto, la soja fue catalogada como un insumo de “alto riesgo”, lo que podría impedir su utilización para abastecer el mercado europeo de biocombustibles.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, abrió el encuentro y alertó sobre el impacto que podría tener la medida para el país. “Traemos una agenda de preocupación ante el análisis de la Unión Europea que, de prosperar, impediría a la Argentina exportar biodiésel. Eso significaría que dejarían de ingresar 400 millones de dólares al país”, advirtió.

El funcionario recordó además que esta evaluación surge poco tiempo después del reciente acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur, lo que genera incertidumbre en el sector.

Desde Córdoba, el ministro de Bioagroindustria Sergio Busso subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para defender la competitividad del biodiésel argentino. “Necesitamos apertura económica y que se reconozca la eficiencia productiva de nuestro biodiésel”, planteó.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, remarcó el impacto territorial de una eventual restricción comercial. “Se trata de cadenas de valor, y son esas cadenas las que sufren. En un momento en que el petróleo está complicado, el biodiésel argentino en Europa es un jugador importante. Incluso el productor más chico de soja se ve afectado”, señaló.

Desde el sector empresarial, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, aseguró que el reclamo será llevado a todas las instancias internacionales disponibles para revertir la medida, destacando la importancia del respaldo político de las provincias de la Región Centro.

A su turno, el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio, sostuvo que la restricción responde a “cuestiones comerciales sin fundamentos técnicos” y advirtió que representa un retroceso luego de los avances logrados en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

También se sumaron al reclamo las entidades del agro. El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, aseguró que existen datos científicos suficientes para demostrar que la producción argentina es sustentable, mientras que el titular de Carsfe, Bernardo Vignatti, afirmó que el sector cuenta con herramientas para “desmitificar las acusaciones” que pesan sobre la soja.

Los funcionarios provinciales remarcaron además que casi el 100% de la soja producida en Santa Fe se cultiva bajo siembra directa, un sistema que evita la erosión del suelo, captura carbono y permite reducir más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto del diésel fósil.

Ante este escenario, los ministros cuestionaron la postura europea al señalar que “Europa castiga al producto más eficiente ambientalmente para proteger sus aceites vegetales, más caros y menos sustentables”.

Como resultado del encuentro, el frente político y productivo anunció dos líneas de acción concretas. Por un lado, se elaborará un dossier técnico y jurídico para denunciar el posible proteccionismo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), apoyándose en un antecedente favorable obtenido por la Argentina en 2016.

Por otro, a través del espacio Provincias Unidas, se impulsará en el Congreso Nacional una nueva Ley de Biocombustibles que permita elevar el corte obligatorio actual, hoy limitado al 7,5%, con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo y energético de la región.

La estrategia cuenta también con el respaldo de autoridades de integración regional, entre ellas Claudia Giaccone por Santa Fe, Carlos Massei por Córdoba y Atilio Benedetti por Entre Ríos, quienes coincidieron en que la defensa del biodiésel es clave para el futuro económico y ambiental de la región.