La discusión sobre el futuro de los biocombustibles en Argentina sumó un nuevo capítulo en el Senado, donde las comisiones de Presupuesto y de Minería, Energía y Combustibles avanzan en el análisis de seis proyectos destinados a reemplazar el actual régimen regulatorio.

Durante una nueva jornada de exposiciones participaron representantes de empresas energéticas, cámaras empresarias, entidades agroindustriales y especialistas del sector, quienes coincidieron en la necesidad de actualizar la normativa vigente, aunque mostraron diferencias respecto del modelo que debería adoptarse.

Uno de los proyectos que concentra mayor atención es el presentado por la senadora Patricia Bullrich. La iniciativa propone un régimen con vigencia de 15 años y establece un incremento gradual de los porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles en combustibles fósiles.

En el caso del biodiésel, el proyecto fija una mezcla inicial del 7,5% con gasoil y eleva ese porcentaje al 10% un año después de la entrada en vigencia de la ley. Para las naftas, prevé un corte obligatorio de bioetanol del 12%, que ascendería al 15% al cumplirse el primer año.

El director suplente de YPF y vicepresidente Ejecutivo Midstream & Downstream, Mauricio Martín, respaldó la necesidad de avanzar hacia un nuevo esquema regulatorio que contemple a las refinadoras como actores centrales del sistema. Según explicó, los porcentajes de mezcla deben responder a criterios de sostenibilidad técnica y logística.

Martín sostuvo que un corte de biodiésel superior al 10% no resulta viable en las condiciones actuales y señaló que existen desafíos vinculados a la logística, la comercialización y, en algunos casos, a la calidad del producto elaborado a base de soja. Respecto del bioetanol, consideró que el 15% debe constituir el límite máximo, en línea con la posición expresada por la industria automotriz.

Además, destacó que el proyecto de Bullrich incorpora principios de competencia, razonabilidad económica y adaptación a nuevas tecnologías, aspectos que la compañía considera positivos para el desarrollo del sector.

Por su parte, Claudio Molina, especialista en energías renovables, sostuvo que existe un amplio consenso sobre la necesidad de modificar la ley actual, aunque cuestionó algunas restricciones vigentes. En particular, consideró que debe eliminarse la prohibición que actualmente limita la participación de grandes empresas agroindustriales en el abastecimiento del mercado interno de biodiésel y bioetanol.

Molina también respondió a las críticas sobre el supuesto costo fiscal de los biocombustibles. Según sus estimaciones, la postergación parcial o total de los aumentos en el impuesto a los combustibles desde fines de 2019 generó para el Estado una pérdida cercana a los 12.000 millones de dólares.

Al mismo tiempo, advirtió que cualquier reforma debe evitar tanto la exclusión de actores como una apertura descontrolada de las importaciones, planteando la necesidad de establecer límites de participación y mecanismos de referencia para la formación de precios.

En representación del sector privado, Federico Pucciarello, CEO de Essential Energy, destacó la importancia de alcanzar consensos y consideró que distintos proyectos actualmente en debate contienen elementos valiosos que podrían integrarse en una propuesta superadora.

La audiencia también contó con exposiciones de representantes de las bolsas de comercio y cereales, organismos provinciales, distribuidores de combustibles y empresas vinculadas a la cadena energética.

Sin embargo, el proyecto libertario generó posiciones encontradas entre las entidades sectoriales.

Desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables manifestaron que la propuesta presenta una contradicción entre los principios de libre competencia que promueve el Gobierno y el tratamiento previsto para el biodiésel. Según la entidad, la iniciativa otorga protección específica a determinados sectores del bioetanol mientras expone a los productores independientes de biodiésel a una competencia desigual frente a empresas integradas y a un mercado altamente concentrado en pocas petroleras.

En contraposición, un amplio grupo de entidades vinculadas al bioetanol y al sector agroindustrial expresó su respaldo al proyecto. Entre ellas se encuentran el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Coninagro, Maizar, BioPyme, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.

Las organizaciones consideraron que la iniciativa representa una oportunidad estratégica para consolidar una política energética moderna y federal, capaz de promover inversiones, generar empleo y fortalecer las economías regionales.

Además, señalaron que el nuevo régimen puede aportar previsibilidad a largo plazo y permitir que Argentina aproveche mejor sus ventajas competitivas en materia agropecuaria y agroindustrial.

Con posiciones aún divididas, el Senado continuará evaluando las distintas propuestas con el objetivo de alcanzar un consenso que defina el futuro de una actividad considerada clave para la diversificación energética y el agregado de valor en origen.