El Gobierno de Argentina avanza con la licitación para privatizar Belgrano Cargas, bajo un esquema de “Open Access” y desintegración vertical que despierta cuestionamientos entre empresas interesadas en un negocio millonario.
Los lineamientos del proyecto fueron presentados ante inversores durante el evento Argentina Week, realizado en Nueva York, donde el Ejecutivo detalló el esquema de concesión y el cronograma previsto.
El modelo impulsado por el Gobierno se basa en el sistema de “Open Access” (acceso abierto), que permite que distintas empresas utilicen la infraestructura ferroviaria sin necesidad de ser concesionarias de las vías. A esto se suma la desintegración vertical, que separa las licitaciones de operación de trenes, mantenimiento de vías y talleres.
Sin embargo, estos criterios generan inquietud entre las compañías interesadas, ya que no se ajustan a los estándares internacionales para el transporte de carga. En otras regiones, como Europa, el modelo de acceso abierto se aplica principalmente en servicios de pasajeros y con fuerte participación estatal en la infraestructura.
La propuesta oficial también establece que las distintas unidades del sistema —vías, material rodante y talleres— se liciten por separado, e incluso exige que las empresas que busquen participar en más de un segmento lo hagan a través de diferentes estructuras legales.
Una red estratégica y millonarias inversiones
La red ferroviaria a concesionar abarca 7.594 kilómetros operativos distribuidos en las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, atravesando 16 provincias y conectando con cinco pasos internacionales hacia Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
El Gobierno estima una inversión total de 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, con un tope de financiamiento de 435 millones para el conjunto del proyecto.
En cuanto a los plazos, el cronograma prevé la publicación de la licitación antes de fin de marzo. Luego se abrirá un período de 90 días para la presentación de ofertas, seguido por un mes de evaluación y otros 30 días para la adjudicación y firma del contrato. La operación entraría en una etapa de transición de 90 días, con cierre definitivo previsto hacia diciembre.
Empresas en puja y diferencias con el modelo
Entre los interesados, la única firma internacional que expresó formalmente su intención de participar es Grupo México, que ya opera en México y Estados Unidos. No obstante, la compañía manifestó reparos sobre el esquema propuesto y planteó la necesidad de integrar toda la operación en una única concesión, con una inversión estimada en US$3.000 millones.
En paralelo, un consorcio de grandes agroexportadoras locales también busca quedarse con el negocio. El grupo está integrado por Aceitera General Deheza, Asociación de Cooperativas Argentinas, Bunge, Louis Dreyfus Company y Cargill.
El proceso abre así una disputa clave por el control de una infraestructura estratégica para el transporte de cargas en la Argentina, en un contexto donde el diseño regulatorio será determinante para definir el atractivo y la viabilidad de las inversiones.