La Asociación Trabajadores del Estado presentó un recurso de amparo contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial para frenar la Resolución 42/26, que elimina más de 900 servicios técnicos y tareas de asistencia tecnológica. El gremio denunció un intento de “desmantelamiento” del organismo.
Desde el sindicato sostienen que la decisión implica un “vaciamiento institucional” y forma parte de un proceso de ajuste sobre áreas estratégicas del Estado nacional.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la medida impulsada por las autoridades del instituto y afirmó que el Gobierno actúa “al margen de la ley”.
“No podemos permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso”, expresó el dirigente sindical.
Críticas a la Resolución 42/26
Según explicó Aguiar, las resoluciones dictadas por el Consejo Directivo del INTI no tienen facultades para modificar funciones ni eliminar programas creados por ley.
“Se trata de una resolución ilegal que tiene que ser suspendida de inmediato ya que no solo vulnera los derechos de los trabajadores, sino fundamentalmente los derechos de toda la sociedad”, sostuvo.
El recurso judicial presentado por el gremio apunta a frenar la aplicación de la medida y preservar los servicios técnicos y tecnológicos que brinda el organismo a distintos sectores productivos.
El rol del INTI y el impacto sobre las pymes
Desde ATE remarcaron que los ensayos, certificaciones y tareas de asistencia tecnológica desarrolladas por el INTI son fundamentales para pequeñas y medianas empresas de todo el país.
En el documento judicial, el sindicato advirtió que el recorte afectará áreas clave vinculadas al desarrollo industrial y tecnológico nacional.
“Los ensayos, el servicio técnico y el desarrollo de tecnología puesta al servicio de pequeñas y medianas empresas repercute en el desarrollo y crecimiento de nuestro país”, afirmó Aguiar.
Además, el gremio recordó que anteriores intentos de reducción y reorganización del organismo ya habían sido cuestionados y frenados por la Justicia.
El conflicto se suma a las tensiones entre los sindicatos estatales y el Gobierno del presidente Javier Milei, en medio del proceso de ajuste y reorganización de organismos públicos impulsado por la administración nacional.