La presentación tuvo lugar en la Embajada argentina en París, encabezada por el embajador Ian Sielecki. Según informó el Gobierno, el programa forma parte del proceso de apertura e integración internacional y estará acompañado por mecanismos de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos.

Cuánto hay que invertir para acceder al programa

El esquema contempla dos alternativas para el solicitante principal. Una de ellas consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional.

La segunda opción establece la suscripción de un título público por US$800.000, creado específicamente para el programa.

La iniciativa también contempla la posibilidad de que se incorporen familiares del solicitante principal. El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, deberán realizar un aporte de US$100.000 al Tesoro.

Para los hijos menores de 18 años, el aporte establecido será de US$25.000.

De esta manera, una familia compuesta por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podría acceder al esquema mediante aportes por un total de US$500.000, según los montos difundidos oficialmente.

Controles sobre el origen de los fondos

El Gobierno indicó que todos los fondos deberán canalizarse mediante el sistema financiero formal y quedar sujetos a las normas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.

La iniciativa prevé además procedimientos de debida diligencia y gestión de riesgos alineados con recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y el GAFI.

Los recursos obtenidos mediante el programa serán destinados, de acuerdo con la comunicación oficial, a fortalecer la posición fiscal y financiera de la Argentina.

Qué organismos evaluarán a los solicitantes

La evaluación de quienes quieran acceder al programa estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con participación de distintos organismos del Estado.

Entre ellos estarán la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

El proceso incluirá la verificación de identidad, el análisis del origen y la licitud de los fondos, la evaluación patrimonial y financiera, el riesgo jurisdiccional, los antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio.

Una vez concluido ese análisis, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá la responsabilidad de aprobar o rechazar cada solicitud.

El programa comenzará a recibir solicitudes durante el último trimestre de 2026, en un esquema que el Gobierno presentó en París como una nueva herramienta para atraer inversiones y profundizar la inserción internacional de Argentina.