Según fuentes gremiales, el organismo busca resolver expedientes administrativos que arrastraban irregularidades desde hace años, incluyendo ausencias reiteradas, licencias médicas cuestionadas y presuntos certificados apócrifos. En ese contexto, la prioridad oficial es aplicar cesantías sin indemnización en los casos comprobados, antes de cerrar acuerdos de desvinculación voluntaria.

El objetivo de fondo es claro: alcanzar una reducción de aproximadamente 2.500 puestos. Hasta el momento, cerca de 1.000 empleados ya iniciaron el trámite de retiro por “voluntad recíproca”, aunque se espera que esa cifra crezca en las próximas semanas tras la prórroga del plazo.

Dentro del organismo también trascendió que se están cruzando datos con áreas como Migraciones para detectar inconsistencias en las justificaciones de ausencias laborales. Además, se analiza la situación de personal que había sido incorporado para atender programas hoy discontinuados, como las moratorias previsionales, lo que dejó sectores con baja carga operativa.

El clima interno refleja una fuerte incertidumbre. Trabajadores temen cierres o ventas de oficinas y posibles reasignaciones a destinos poco convenientes, lo que podría derivar en nuevas desvinculaciones. En paralelo, equipos de Recursos Humanos fueron capacitados para gestionar el proceso de salida del personal.

Cambio de estrategia y presión sobre los retiros

La prórroga del programa de retiros voluntarios responde a un cambio de enfoque: primero depurar mediante despidos con causa y luego avanzar con las salidas acordadas. Estas últimas contemplan el pago del 90% del salario, con un tope de antigüedad de 24 años y desembolsos en dos tramos para montos elevados.

En este escenario, algunos empleados cercanos a la edad jubilatoria evalúan adherirse al retiro anticipado como una alternativa para asegurar ingresos en un contexto de salarios congelados. Incluso, trabajadores que habían postergado su jubilación analizan ahora acogerse al plan y luego iniciar el trámite previsional.

De acuerdo con datos internos, unos 1.400 empleados ya cuentan con edad y aportes suficientes para jubilarse, mientras que otros 300 mantienen contratos que podrían no renovarse. Con ese universo, el organismo ya tendría encaminadas cerca de 1.700 salidas potenciales.

Si se consolidan las adhesiones al retiro voluntario y se suman las desvinculaciones por irregularidades, la meta de 2.500 bajas estaría cada vez más cerca. En ese caso, desde el organismo estiman que no sería necesario avanzar con jubilaciones forzosas.

La reestructuración en la ANSES se inscribe en un proceso más amplio de reducción del gasto y reorganización del Estado, con foco en la eficiencia operativa y la revisión de estructuras heredadas de gestiones anteriores.