Según reveló una investigación periodística publicada por el diario La Nación y reproducida por la Agencia Noticias Argentinas, el acuerdo fue firmado el 15 de octubre de 2025 por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el secretario general, Cristian Malaspina.

La renovación se concretó más de un año antes del vencimiento del contrato original, que estaba previsto para diciembre de 2026.

Una prórroga manejada con hermetismo

Uno de los aspectos que genera interrogantes es el manejo reservado que tuvo la extensión contractual.

De acuerdo con la información publicada, la prórroga no habría sido incorporada al temario de las reuniones del Comité Ejecutivo ni informada durante la asamblea ordinaria posterior.

Además, cuando la Justicia realizó allanamientos en la sede de la calle Viamonte, la AFA habría mencionado únicamente la existencia de un contrato vigente, sin hacer referencia a la extensión firmada hasta 2030.

La falta de difusión interna y pública del acuerdo se convirtió en uno de los puntos observados dentro de la investigación que analiza los movimientos financieros vinculados a la entidad.

Más atribuciones para TourProdEnter

La renovación no solo extendió los plazos de vigencia del contrato, sino que también amplió considerablemente el alcance de las funciones de TourProdEnter.

Mientras que en acuerdos anteriores la firma actuaba como agente comercial y de cobro, el nuevo esquema le otorga atribuciones para intervenir de manera más activa en la administración de pagos y operaciones financieras vinculadas a la AFA.

Entre las facultades incorporadas figuran:

• Administración de pagos realizados en el exterior.
• Ejecución de pagos mediante transferencias bancarias o bonos de deuda soberana argentina.
• Realización de pagos a terceros por cuenta y orden de la AFA.
• Posibilidad de ceder el contrato a sociedades vinculadas o afiliadas en distintas jurisdicciones.

Pese a esta ampliación de responsabilidades, la empresa mantendría las mismas condiciones de remuneración previstas anteriormente, con comisiones del 30% sobre determinados ingresos y del 10% en conceptos logísticos.

Investigación judicial y sospechas sobre el flujo de fondos

El acuerdo quedó bajo análisis en el marco de investigaciones judiciales vinculadas al manejo de recursos de la AFA y a operaciones financieras realizadas en el exterior.

Según trascendió, el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff considera que la premura para extender el contrato podría haber tenido como objetivo asegurar determinados mecanismos operativos antes del avance de las pesquisas judiciales.

De acuerdo con el planteo fiscal, la maniobra habría dificultado la trazabilidad de determinados fondos y de operaciones realizadas fuera del país.

Las sospechas apuntan a determinar el origen, destino y registración contable de recursos que, según la hipótesis investigada, deberían haber integrado el patrimonio de la AFA.

La posición de la AFA

Desde la entidad futbolística justificaron la continuidad del vínculo por la "buena performance" desarrollada por TourProdEnter en la gestión de actividades comerciales internacionales.

Sin embargo, la investigación periodística señala supuestas inconsistencias operativas relacionadas con la estructura de la empresa y con la registración de movimientos financieros en los balances de la institución.

En paralelo, la Justicia estadounidense también analiza movimientos bancarios vinculados a Faroni y Gillette, una situación que podría aportar nueva información a las investigaciones en curso.

Un caso que preocupa a los clubes

El avance de las causas judiciales genera preocupación dentro del fútbol argentino debido al posible impacto que eventuales irregularidades podrían tener sobre los recursos de la AFA y, por extensión, sobre los clubes afiliados.

Mientras continúan las investigaciones, la renovación anticipada del contrato con TourProdEnter aparece como uno de los documentos centrales bajo análisis para determinar el alcance de las operaciones financieras realizadas por la entidad en los últimos años y la eventual existencia de responsabilidades administrativas o penales.

Por el momento, no existen resoluciones judiciales firmes sobre el caso y las investigaciones continúan en etapa de instrucción.