Una familia rota.

Cientos de vecinos desarmados.

Un delincuente que llora.

A 300 metros de la muerte, la comisaría.

A tres cuadras del último adiós, un cordón policial.

Las lágrimas que no llegaron a salir por impotencia, fueron forzadas por el mismo gas pimienta que intentaba reprimirlas.

En el aire ya no se respira miedo ni preocupación. En el aire ya no se respira. “Lo mataron por salir a trabajar”.

Seis impactos de bala tenía en su cuerpo. Su corazón no lo soportó.

Seis años estuvo preso su asesino. Su libertad lo condenó para siempre.

Roberto quería vivir.

Leandro, quien le quita la vida, atinó a decir que se quería suicidar.

Según el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, bastan tres minutos para que un bonaerense se convierta en víctima de un delito.

Solo el año pasado, año en el que la pandemia nos obligó a quedarnos en casa, 931 personas fueron acribilladas.

Los números son meras siluetas hasta que es papá el que no atiende el teléfono o mamá la que no vuelve.

La política es mera silueta si los “700 nuevos efectivos de Gendarmería” que prometieron no tienen nombre, o si los “300 nuevos móviles policiales” que anunciaron y celebraron están amontonados en un galpón.

Decir que la sociedad vive entre rejas y alambres de púa mientras los delincuentes pasean en moto y toman mate en la vereda sonaría demasiado trillado.

Cuando es cosa de todos los días, lo relevante se vuelve trivial y las bombas hacen poco ruido.

“No fue una cuestión policial”.

“Sucede en todas partes del mundo”.

“La inseguridad en la provincia es crítica hace mucho tiempo”.

No es difícil imaginar quién es el autor de cada frase.

Difícil es imaginar a cada una de esas autoridades repetirlas en voz alta mirando a los ojos de cada víctima.

El fuego ya no arde y los rostros vacíos no necesitan ser iluminados para demostrar que están encendidos.

Una familia exclama justicia.

Cientos de vecinos unidos.

Un delincuente que llora.